La defensa de Cecilio Giménez, el vecino de Épila que fue condenado en junio por el crimen de Javier Martínez, solicitó ayer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que modifiquen el fallo de la Audiencia de Zaragoza que lo condenó a 18 años y medio de cárcel por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas.

Ayer, durante la vista, el abogado Javier Elía mantuvo ante el tribunal que durante el juicio celebrado en la Audiencia "se vulneró el principio de presunción de inocencia de Giménez". Según este, el disparo que efectuó su cliente y que acabó con la vida de Martínez (de 52 años, casado y con dos hijos) fue accidental y en legítima defensa, "para evitar que le agredieran con un azadón".

Además, la defensa mantuvo la ausencia de dolo y manifestó que la calificación jurídica de los hechos llevó al jurado a "errar" y considerar lo sucedido como un asesinato en lugar de un homicidio. En base a esta argumentación, pidió al TSJA que modifique el fallo y condene a Giménez por homicidio, una circunstancia que reduciría considerablemente la duración de la condena.

A esta revisión se opusieron tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por Soraya Laborda en nombre de la familia de la víctima. El fiscal Carlos Sancho defendió que la presunción de inocencia de Giménez no se vio desvirtuada en ningún momento. "Se valoró y decayó", sintetizó, agregando que la alevosía, "que convierte un homicidio en un asesinato", existió. "Nadie pensó que una discusión inmobiliaria en un pueblo pudiera acabar así", zanjó.

Por su parte, la abogada de la acusación particular aludió a la versión de los testigos presenciales. Todos declararon que hubo un primer disparo "al aire" que puso fin a una discusión "acalorada" entre el condenado y la víctima mortal, según Soraya Laborda, y que el disparo que acabó con la vida de Javier Martínez se produjo de forma "sorpresiva" cuando este había dado por zanjado el desencuentro y entraba en casa. La sentencia dio por probada esta versión.

El fallo afirma que el 3 de febrero de 2017, Cecilio Giménez se presentó en el domicilio de la hermana de la víctima para solventar un problema con una casa-cueva que había adquirido en 2011 a Javier Martínez. A su entender, cuando la compró, pensaba que podía hacer unas obras, pero realmente no era así y tuvo problemas con el ayuntamiento.

Tras una discusión, aparentemente Giménez se tranquilizó, pero cuando el fallecido iba a entrar a casa, el condenado sacó una pistola y le disparó a poca distancia, provocándole graves daños que le causaron la muerte en cuestión de minutos.