Condenado a 8 meses el director de la Escuela Municipal de Teatro por acoso laboral

El director de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (EMT), Benito de Ramón, ha sido condenado a ocho meses de cárcel y mil euros de indemnización como autor de un delito contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral. En una condena recurrible, el juzgado de lo Penal nº2 de Zaragoza ha estimado que De Ramón causó daños morales al denunciante (representado por el letrado José Luis Calonge) al impedirle “de manera reiterada y sistemática, abusando de su posición de superioridad”, ejercer la plaza de profesor de interpretación, pese a que el Ayuntamiento había nombrado a la víctima “funcionario interino en la plaza de profesor de teatro, especialidad interpretación”.

Las hostilidades empezaron en 2014, a raíz de una sentencia del TSJA motivada por un recurso interpuesto el denunciante, que anuló una bolsa de interinos que el Ayuntamiento de Zaragoza había convocado en 2009. Esta sentencia anulaba el nombramiento como funcionario interino de F. M. (también denunciado, aunque absuelto) y reconocía el derecho del denunciante a que se le ofertara la plaza que en aquel año se hallaba vacante en la escuela.

El juez da por probado que el condenado, siendo consciente de que así iba a denigrarle profesionalmente y hacerle muy penosa su vida laboral, habría espetado al denunciante que “no formaba parte del plan pedagógico de la Escuela” y que “no estaba capacitado para dar clases de interpretación”, entre otras razones porque no había aprobado la correspondiente oposición, llegando a decirle en un claustro de profesores: “Por encima de mi cadáver darás interpretación”.

El juez estima que el condenado hizo que en el primer cuatrimestre del curso 2014/2015 el denunciante impartiera menos horas de clases de interpretación que el resto de profesores del departamento, le impuso un número excesivo de horas en la biblioteca y le ordenó realizar continuas presentaciones del centro a los Institutos. En el segundo cuatrimestre, De Ramón habría privado a la víctima de todas las horas de interpretación, le asignó indumentaria, materia que hasta entonces nunca se había impartido, y además convenció a los jefes administrativos superiores del Ayuntamiento para que firmaran un convenio con la Universidad Popular con el único propósito de sacar al denunciante de la EMT.

En el curso 2015/2016, el acusado habría impuesto a la víctima, además de las clases de indumentaria, clases de teoría ya que el convenio universitario no se renovó, dándose la circunstancia de que, entre tanto, el profesor F. M. seguía dando las clases de interpretación que el denunciante podría haber impartido. Aunque no estaba de acuerdo con las decisiones, su capacidad de respuesta estaba "alterada debido a su condición de interino que había ganado su plaza por sentencia a costa de F. M. y que su intención era agradar e integrarse como fuera en la EMT".

En febrero de 2016, con ocasión del cese de F. M., decisión del área de recursos humanos del Ayuntamiento con la que Benito de Ramón no estaría de acuerdo, éste “realizó, alentó y consintió actos en que, so pretexto de protestar contra ese cese y de defender la oficialización del Centro como Escuela Superior, de forma encubierta se desprestigió repetidamente al denunciante y se cuestionó nuevamente la capacitación del mismo para ejercer la docencia en la EMT porque no había aprobado la oposición”, detalla la sentencia. Entre esos actos, donde se involucró a los alumnos y en alguno de los cuales también intervinieron los otros dos acusados, al parecer, se incluyeron asambleas que paraban las clases, concentraciones en la plaza del Pilar, ruedas de prensa o asaltos a los despachos de los jefes e, incluso, de la concejal Arantza Gracia, exigiendo reuniones para plantear reivindicaciones. La sentencia indica que incluso llegaron a ser difundidas entre algunos alumnos las notas del denunciante “para demostrarles que efectivamente en su día no había aprobado la oposición y carecía por ello de la capacitación exigida para ser profesor de la EMT”.

El denunciante terminó sufriendo “un cuadro de trastorno adaptativo, con predominio de síntomas ansioso-depresivos, precisando de tratamiento psicofarmacológico y psicológico”. A raíz de los sucesos de febrero de 2016, los jefes municipales del Servicio de Educación (de quienes depende la EMT) derivaron al denunciante al servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento. Ante el pésimo estado anímico que presentaba, abrieron una investigación que dio lugar a la apertura de un expediente disciplinario por parte del Servicio de Relaciones Laborales.

De Ramón valora recurrir

El director de la EMT, De Ramón, reconoce en declaraciones a HERALDO que se trata de una “situación delicada” pero recuerda que la sentencia “no es firme” por lo que está valorando junto con su abogada, Cristina Ruiz-Galbe, la posibilidad de recurrir. Tiene para ello hasta el próximo día 9, y hasta entonces prefiere no hacer más valoraciones al caso.