Una constructora pide la paralización urgente de las obras de Don Jaime

Alega que la actuación municipal ha incumplido todas las obligaciones de la Ley de Contratos. 

Abierto a los peatones un tramo de Don Jaime
Guillermo Mestre

Una contratista de Zaragoza ha presentado un recurso judicial contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de la ciudad, en el que solicita la urgente paralización de las obras de reforma que se están llevando a cabo en la céntrica calle de Don Jaime I. Alega que la tramitación municipal del proyecto es contraria a derecho al no haber salido a concurso público en igualdad de condiciones para cualquier licitador y, por tanto, haber lesionado intereses privados de cualquier empresa que hubiera podido optar a realizar el proyecto. Es la segunda demanda que se presenta por estos hechos.

La parte demandante, integrada por las sociedades mercantiles Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL y Pavijus SL, destaca en su recurso que el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una adjudicación directa de la obra a una contrata municipal de mantenimiento de la ciudad (Infraestructuras Viales SA) que estaba prorrogada, por lo que dicho acuerdo -sostiene- carece “de cobertura jurídica”.

Por los mismos motivos, el recurrente pide la inmediata paralización de las obras de sustitución de la tubería del entorno del puente de Santiago, que se están llevando a cabo simultáneamente y que fueron encargadas a Construcciones Iberco SA.

“La actuación municipal -se argumenta en el escrito dirigido al juez de lo contencioso- ha incumplido todas las obligaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que no ha existido ni publicidad, ni concurrencia ni transparencia de la licitación, ni adjudicación, ni procedimiento alguno, ni formalización de los contratos, si es que existen, ni se conocen los proyectos de obra. Lo que impide el desarrollo mercantil de las recurrentes, empresas licitadoras y contratistas de la Administración, entre otras del propio Ayuntamiento de Zaragoza”.

La representación legal de estas empresas considera que la actuación ejecutiva y de hecho del Consistorio es “ilegal y quien provoca una situación semejante no puede continuar beneficiándose de la misma, pues provoca perjuicios a terceros”. Según fuentes conocedoras del caso, estos prejuicios alcanzan a los propios ciudadanos, ya que para la realización de estas obras se han detraído fondos inicialmente destinados a actuaciones ordinarias de mantenimiento en la ciudad.

Aparte de la ausencia de proceso de licitación, los recurrentes centran también su reclamación en el hecho de que los trabajos están siendo realizados “por unas empresas que fueron adjudicatarias de un contrato de servicios ya terminado hace unos años y sobre el que no cabe prórroga alguna”.

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