El Gobierno central lleva al Constitucional la ley que usó ZEC para dar su 'golpe' en las sociedades

Pide anular el artículo 14 de la ley de capitalidad que esgrimió Santisteve para expulsar a parte de los concejales de la oposición de los consejos de administración de las empresas públicas. La medida puede suponer la suspensión cautelar.

El presidente Javier Lambán y el alcalde Pedro Santisteve, en marzo de 2017, durante la firma del acuerdo de la ley de capitalidad.
El presidente Javier Lambán y el alcalde Pedro Santisteve, en marzo de 2017, durante la firma del acuerdo de la ley de capitalidad.
J. M. Marco

El ‘golpe’ en las sociedades públicas del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que ZEC expulsó a parte de los concejales de la oposición para hacerse con las mayorías en los consejos de administración, ha recibido este viernes un nuevo revés político. El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez ha acordado en la reunión del Consejo de Ministros la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo de la ley de capitalidad que esgrimió ZEC para adoptar su polémica decisión. La iniciativa del Estado, a la espera de conocerse el recurso, puede suponer la suspensión cautelar del citado artículo una vez admitido el recurso, que se presentará en los próximos días.

El artículo impugnado es el 14.1, en su apartado u, que establece que el gobierno municipal asume las funciones de la junta general de las sociedades, que hasta ese momento ostentaba el pleno. Tras la aprobación de la ley, el pasado febrero ZEC consideró que el cambio legislativo le permitía destituir a parte de los ediles de la oposición con el objetivo de quedar en mayoría en los consejos de administración. Es lo que hizo. De este modo, pese a tener solo 9 de los 31 ediles de la corporación, podía tomar decisiones sin trabas. Tras la medida ha sumido al Ayuntamiento en una profunda crisis política que ha colapsado la gestión municipal durante los últimos seis meses.

El recurso al Constitucional inició su tramitación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en el marco de la comisión bilateral Aragón-Estado ya expresó varias discrepancias con la ley de capitalidad, entre las que figuraba el polémico artículo. Por otro lado, el Consejo de Estado advirtió el pasado mes de mayo de que existían fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso contra el artículo 14.1.u).

El argumento que justifica la inconstitucionalidad del artículo es que la legislación autonómica estaba atribuyendo al gobierno municipal "la formación de la voluntad" del Ayuntamiento como socio único de una sociedad, por lo que se impedía "de manera absoluta y total" cualquier intervención del pleno.

Según el Consejo de Estado, "no tiene justificación evidente sustraer al pleno de la corporación local, y con ello al juego de mayoría y minorías que opera en su seno por virtud del principio representativo, el ejercicio de esa función". "El pleno de la corporación local debe ser de manera necesaria e incontrovertible quien asuma las funciones de la junta general", afirmó.

La DGA, que pactó la ley con el Ayuntamiento de Zaragoza, manifestó su respeto a la decisión del Ejecutivo de Sánchez. "El Gobierno de España actúa en defensa de la legalidad y de la Constitución con absoluta normalidad", dijo el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que se expresó con cautela a la espera de conocer el contenido del recurso.

En este sentido no pudo aclarar si la impugnación de la ley supondrá la suspensión cautelar de la aplicación del artículo 14 de la ley de capitalidad, que es el aspecto determinante en este tipo de recursos. Diversas fuentes consultadas indicaron que es el escenario más probable, aunque no quisieron darlo por seguro. Añadieron las citadas fuentes que en su recurso el presidente del Gobierno debe invocar expresamente la suspensión, que entraría en vigor con la admisión a trámite.

Guillén defiende la norma

El consejero no se mostró sorprendido con el recurso, dado que el dictamen del Consejo de Estado era favorable a su interposición. Eso sí, mantuvo su defensa de la ley, que fue aprobada en las Cortes de Aragón con los votos de PSOE, CHA, Podemos e IU. "Siempre hemos considerado que el artículo 14 es constitucional, aunque hemos criticado su uso por parte del gobierno municipal, dado que había un acuerdo de principio de legislatura que se debería haber respetado", afirmó de responsable autonómico.

Guillén se refería al pacto alcanzado en 2015 por los grupos municipales de trasladar el resultado de las urnas a los consejos de las sociedades. Añadió que después de la presentación del recurso, ZEC debería "replantearse" la situación de "tensión" que está sumido el Ayuntamiento.

ZEC no se posiciona

El gobierno municipal de ZEC no quiso hacer valoraciones sobre la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de recurrir el artículo 14 de la ley de capitalidad, el que esgrimió para tomar el control de las sociedades municipal mediante la expulsión de parte de los concejales de la oposición. Según informaron fuentes municipales, desde el Ayuntamiento se contactó con la Delegación del Gobierno, con el objetivo de conocer más datos sobre el recurso, pero tampoco en esta institución se había recibido el recurso.

«No se ha recibido ninguna comunicación. Una vez que se lea el acuerdo se hará una valoración», indicaron fuentes de ZEC. La gran incógnita ahora está en los pasos que dará el alcalde de Zaragoza tras este recurso a la ley de capitalidad y si supondrá el retorno de los grupos a las sociedades municipales en el caso de que se confirme la suspensión cautelar.

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