Absuelven al acusado de estafa en la venta de una cosechadora

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Antonio Miguel B., propietario de una empresa de maquinaria agraria situada en Ejea de los Caballeros, de un delito de estafa en la venta de una cosechadora de alta gama.

Los hechos que se juzgaron esta semana en la Audiencia se remontan a junio de 2016, cuando el empresario y dos hermanos de Guadalajara pactaron la compraventa de una cosechadora de alta gama marca New Holand por importe de 66.550 euros y realizaron un precontrato.

Los alcarreños, en concepto de señal, transfirieron al vendedor 10.000 euros y convinieron con el vendedor que el resto del dinero lo entregarían cuando recibieran la cosechadora. Pero esa entrega nunca se produjo.

En las semanas siguientes al acuerdo inicial se produjeron algunas desavenencias entre compradores y vendedores. Durante la vista oral, el empresario de Ejea, cuya defensa corrió a cargo de la abogada Cristina Ruiz-Galbe, achacó este desacuerdo a que los hermanos de Guadalajara querían que les hiciera una factura por 30.000 euros y, el resto, lo pagarían en negro.

Los compradores, sin embargo, señalaron ante el tribunal que la máquina necesitaba unos arreglos y una homologación que nunca se produjo, por lo que acabaron desistiendo de la compra de la cosechadora en julio sin que el empresario les devolviera la señal y otros 6.000 euros que aseguraron haberle pagado, un pago que en ningún momento quedó acreditado.

Interesado en vender

El reembolso de la señal nunca se produjo y, por ello, el trato acabó en los juzgados con una solicitud de condena de un año de cárcel por parte de la Fiscalía por un delito de estafa. En la sentencia absolutoria, los magistrados de la Sección Primera desestiman la petición del ministerio público porque consideran que no hay "dolo defraudador" en el acusado, del que dicen que estaba "lógicamente interesado en que la venta llegara a buen término por su propio interés".

La acusación particular, ejercida por el abogado Javier García Atienza en nombre de los vecinos de Guadalajara, además de la condena por estafa interesaba otra por apropiación indebida (en total pedían seis años de cárcel), una petición que también ha sido desestimada. Los compradores incumplieron "el único derecho obligacional" que habían suscrito y que era terminar de comprar la máquina por la que habían dado una señal, sostiene el tribunal, que apunta a la vía civil para resolver el asunto de la devolución de la señal.