Todos los grupos de la oposición volvieron ayer a unir sus votos para tumbar el intento del gobierno de ZEC de disponer de 12,3 millones de euros de las sociedades y patronatos municipales. PP, PSOE, Ciudadanos y CHA aprobaron la retirada de los expedientes que llevó el concejal, Fernando Rivarés, a la comisión de Economía. El objetivo era esquivar la moción que estos grupos votaron con el objetivo de que la mayoría plenaria tuviera el control de las cuentas de los entes municipales.

La oposición lo perdió después de que el pasado 9 de febrero el gobierno de ZEC, de forma unilateral, decidiera acabar con la representación que hasta entonces tenían las sociedades, en las que se reflejaba el reparto de concejales que hay en el Ayuntamiento. Posteriormente, el pleno aprobó una moción con la que se declaraban indisponibles los créditos de las sociedades que el gobierno aún no ha tramitado, así como una medida cautelar que le impide a ZEC tocar ese dinero.

La concejala del PP María Navarro recordó que hay «cinco informes jurídicos» –entre ellos uno último del interventor– que dicen que la obligación de Rivarés es «cumplir la moción del pleno», en referencia a que es el gobierno quien debe tramitar esa indisponibilidad de créditos. Navarro pidió a Rivarés que instruya el expediente para que se pueda votar y que, más adelante, lleve las partidas de las que quiere hacer uso en las sociedades para que se autoricen (o no) una a una.

Javier Trívez, del PSOE, dijo que el intento de Rivarés es «una tomadura de pelo», y recordó que el gobierno ha intentado burlar la moción mediante un decreto y en los tribunales. «Como no lo ha logrado, viene ahora a ver si estos tontos le quitan la medida cautelar». Sara Fernández (Ciudadanos) dijo que la retirada «no es un capricho», e insistió en que ZEC debe tramitar el expediente y llevarlo al pleno. Leticia Crespo (CHA), que fue quien solicitó la retirada del expediente, dijo que ZEC «se ha intentado pasar por el forro el mandato del pleno», y criticó que Rivarés pida ahora «un cheque en blanco».

El concejal de Economía, por su parte, defendió que llevó los expedientes a la comisión «como nos dice la asesoría jurídica», y que todas las acciones que ha emprendido son «acorde a derecho según los jurídicos del Ayuntamiento». «Este es un debate político», señaló Rivarés, quien dijo que en ocasiones se han votado asuntos con informes desfavorables del interventor.