La celebración del nuevo juicio contra María Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela, ya tiene fecha. El Tribunal Supremo anuló a principios del mes de mayo la causa contra la exregidora por la indefensión que sufrió durante parte del proceso anterior y hasta ayer la Audiencia Provincial de Zaragoza había estado buscando un hueco en el calendario.

El caso La Muela, el mayor procedimiento contra la corrupción celebrado hasta la fecha en Aragón, volverá a juzgarse a partir del próximo 26 de noviembre y se alargará, al menos, hasta mediados de enero de 2019. Entre el 26 y el 30 de noviembre, las vistas se dedicarán a plantear y resolver las cuestiones previas. El juicio estará muy condicionado por las jornadas festivas del puente de la Constitución y de la Navidad y por ello en diciembre se han fijado hasta tres intervalos de sesiones: del 3 al 5, del 10 al 14 y del 17 al 21.

El proceso se volverá a retomar el 8 de enero de 2019 y, a partir de esta fecha, se prolongará durante los días hábiles que sean necesarios para que la causa quede vista para sentencia. Las sesiones comenzarán siempre a las 10.00 y se celebrarán en la sede de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Hay que recordar que en el anterior proceso, la Sección Primera de la Audiencia tuvo que ‘mudarse’ desde la calle de Galo Ponte hasta el edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia porque en sus instalaciones resultaba materialmente imposible acoger a los 43 acusados del proceso, a sus respectivos abogados y a las acusaciones.

En esta ocasión será posible celebrar las vistas en el edificio de la Audiencia porque la causa solo se repetirá respecto a siete acusados, entre los que además de la exregidora figuran los empresarios Antonio Fando (NTA), Francisco Aramburu (Constructora Sagain), Julio y David de Miguel (Aranade), el exconcejal muelano Fernando Barba y el exdirectivo de la sucursal de Cajalón en la localidad de la comarca de Valdejalón, Alberto Lozano.

Santiago Palazón, abogado de oficio de Pinilla, ya adelantó a la Audiencia que su intención es interrogar a 62 personas, entre las que se encuentran muchos de los condenados en el anterior juicio. El letrado quiere que desfilen por el tribunal personas que ocuparon altos cargos en el Gobierno de Aragón, como el exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, la exdirectora general de Urbanismo, Nuria Más, o muchos de los componentes de la Comisión de Ordenación del Territorio de la fecha de los hechos.