El autor del crimen de Ricla pide seguir libre para trabajar y poder pagar la indemnización

"Pedimos la estricta aplicación de la legalidad (...) la sociedad no entendería que una persona que está condenada por matar a otra estuviera en la calle circulando libremente". Este argumento, así como el "indudable riesgo de fuga", fue puesto ayer sobre la mesa por la Fiscalía para defender el ingreso en prisión de Francisco Canela Grima, que el pasado mes de mayo fue condenado a 11 años de cárcel por la muerte de Robert Racolti, que murió de un tiro en la cabeza en una bodega de Ricla el 11 de enero de 2016.

Ayer, en la Audiencia de Zaragoza, comparecieron todas las partes implicadas en el caso conocido como el crimen de Ricla. Lo hicieron a petición del ministerio público, que a comienzos de esta semana solicitó a la presidenta del tribunal popular, la magistrada Esperanza de Pedro, una vista para que se ejecute el fallo y el condenado ingrese inmediatamente en la cárcel. Según explicó el fiscal Manuel Torralba, Canela Grima está condenado a una pena "importante" y que siga en libertad es un extremo que puede resultar incomprensible para la sociedad. A su posición se adhirió la acusación particular, ejercida por los abogados Cristian Adrián Ánghel y Mariano Montesinos en nombre de los familiares de la víctima, y, como era de esperar, fue rebatida duramente por la defensa.

El principal argumento en contra que expuso la abogada Soraya Laborda, que dirige la representación legal de Canela Grima junto a la letrada Laura Vela, fue que la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que condena a su cliente a once años de prisión se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y hasta que este no se pronuncie su representado no debería entrar en la cárcel, donde ya estuvo (en situación de prisión provisional) durante dos años, entre enero de 2016 y el mismo mes de 2018.

"Lleva mucho tiempo en libertad y ha cumplido de manera escrupulosa con todos los requerimientos que se le han hecho", incidió la defensa para desterrar el riesgo de fuga que observa la Fiscalía. Pero la defensa incidió sobre todo en la condición de empleado en activo de su cliente para que este siga en la calle. Soraya Laborda detalló que su representado está trabajando "en la medida de sus posibilidades" y el dinero que gana lo destina a pagar la indemnización de 325.000 euros fijada en la sentencia para los padres y la hermana de la víctima. "Esto es algo que favorece a la familia del fallecido", apostilló, que también detalló que Canela Grima, de 47 años, se está tratando en Proyecto Hombre de sus adicciones al alcohol y las drogas desde hace varios meses.

Juzgado dos veces

La Audiencia de Zaragoza ha juzgado el crimen de Ricla dos veces, una en octubre de 2017 y otra el pasado mes de mayo. El primer juicio, que condenó a Canela a cuatro años por un delito de homicidio imprudente, se anuló por falta de motivación. El segundo tribunal popular fue más severo y consideró que los hechos ocurridos en la bodega propiedad de Canela Grima eran constitutivos de un homicidio con dolo eventual. Este extremo aumentó considerablemente el marco penológico y, con él, la pena impuesta.

Los nueve jurados declararon probado por unanimidad que Francisco Canela citó a Robert Racolti (23 años) y a su novia en una bodega de Ricla para hablar de unos mensajes obscenos que encontró en su buzón. El acusado esperó a la pareja con una pistola cargada y, al sacarla, la chica huyó pero Robert forcejeó con él y ambos cayeron al suelo en un aseo pequeño. Fue entonces cuando Canela Grima disparó la pistola "asumiendo las posibles consecuencias de su acción, aunque sin intención directa de causarle la muerte a Robert", según consta en la sentencia que ahora está recurrida en el TSJA.