Acusan a 41 personas de tramar un fraude de más de 400.000 euros a la Seguridad Social

Ocho de los acusados montaban empresas ficticias y daban de alta a otros imputados para que pudieran cobrar prestaciones por desempleo o los dejaran salir de la cárcel con el tercer grado penitenciario.

En el juicio similar a este celebrado en mayo en la Audiencia fueron juzgadas 24 personas y 20 de ellas resultaron condenadas.
Guillermo Mestre

Mario O. B. se volverá a sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito continuado de falsificación en documento oficial y otro de fraude a la Tesorería de la Seguridad Social. Junto a él -que ya fue juzgado y condenado a cuatro años de cárcel en mayo por un hecho similar- serán juzgadas otras 40 personas. De ellas, 34 se beneficiaron de la creación de empresas ficticias o de muy escasa o inapreciable actividad para cobrar de forma irregular subsidios de desempleo o bien obtener el tercer grado penitenciario que les permitió salir de prisión.

Otras seis están acusadas, como Mario O. B., de crear esas mercantiles y dar de alta en la Seguridad Social al resto de acusados para generar derechos a esas prestaciones. En total, a lo largo de 2014 y principios de 2015, cobraron indebidamente 413.000 euros, que son ahora los que el Ministerio Publico les reclama.

También pide para los siete principales acusados -Mario O- B., Joaquín J. F., Samuel J. F., Jaime P. B., Félix C. M., Pedro Pablo S. S. y José Luis I. R.- penas de cinco años de prisión y multas de dos millones de euros para cada uno de ellos.

Para el resto de los 33 encausados solicita condenas de dos años de cárcel y sendas multas de 2.400 euros. Además, solicita que ninguno de ellos pueda obtener subvenciones o gozar de incentivos fiscales durante cinco años, periodo que amplía a ocho años para los líderes de la trama.

Según relata la fiscal en su escrito de calificación, el mecanismo por excelencia que empleaban para simular las contrataciones era crear de manera continua empresas que realmente no lo son y que se valen de las facilidades que supone la inscripción de sociedades en el sistema RED (Sistema de Remisión Electrónica de Datos).

La Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional averiguó que una de esas empresas era “Luz y Gas Blasco 2013 S. L.”, cuya autorización en RED la ostentaba Joaquín J. F., que a su vez tenía asignadas otras siete mercantiles. El socio y administrador único de la misma era Mario O. B. Esta sociedad generó una deuda con la tesorería de 56.472 euros y se le ha impuesto una sanción de 68.761 euros.

“Luz y Gas Blasco 2013 S. L.” dio de alta en el régimen de la Seguridad Social a 26 trabajadores, trece de los cuales cobraron fraudulentamente 30.753 euros y cuatro de ellos accedieron al tercer grado penitenciario presentando un falso contrato de trabajo. Al ser descubierto el fraude, estas cuatro personas volvieron a la prisión de Zuera y además se les regresó al segundo grado, en el que no se disfruta de ningún permiso o beneficio.

Otras de las mercantiles creadas por los acusados fueron, por nombrar algunas, “Empresas de Alimentación La Casita S. L.”, “Moncayo proyectos y construcciones” o “Suministros Integrales César Augusta S. L.”, “Silvicultura y Maderas Vicor S. L.” o “E-29 Construcciones Intetgrales S. L.”.

Los principales implicados se dedicaban, según el fiscal, a captar a personas de diferentes estratos sociales, algunas de las cuales se encontraban en precaria situación económica, en paro, a punto de renovar permisos de residencia en España o en la cárcel. A todas les ofrecían la posibilidad de acceder a un contrato de trabajo en una empresa ficticia a cambio de dinero y, a veces, les daban de alta en la Seguridad Social. Una vez que los trabajadores lograban tener el periodo mínimo, les daban de baja y les facilitaban la documentación para tramitar los subsidios.

En total, defraudaron a la tesorería pública 413.220 euros, que la fiscal reclama a los siete principales acusados. Al resto, le pide las cantidades que defraudaron individualmente y que van desde los 454 que recibió el que menos a los 7.604 que percibió el que más.

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