El embrollo de la plusvalía

El impuesto de plusvalía, que tras la revisión catastral realizada en plena crisis inmobiliaria se convirtió para muchos contribuyentes en un verdadero abuso fiscal, sume ahora, además, las finanzas de los Ayuntamientos en una peligrosa incertidumbre, como demuestra el caso de Zaragoza. Solo las reclamaciones presentadas en los últimos quince meses alcanzan un monto de más de 26 millones de euros, lo que podría desestabilizar las cuentas del Consistorio.

En teoría, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía) grava la ganancia aflorada en la transmisión de un inmueble. Pero la revisión catastral de 2013, realizada en plena crisis económica e inmobiliaria, trastocó esa pretensión. Muchos pisos pasaron a venderse por precios muy próximos o hasta inferiores al teórico valor catastral, dadas las malas condiciones del mercado; con el resultado de que los contribuyentes tenían que abonar a la Hacienda municipal cantidades exageradas incluso cuando no había existido la supuesta plusvalía. Esta situación tenía su raíz en la legislación estatal, pero el Ayuntamiento de Zaragoza, en lugar de paliarla de manera rápida con bonificaciones, aprovechó la escalada de la plusvalía para compensar la pérdida de otros ingresos.

Con el tiempo, las sentencias -incluida una del Tribunal Constitucional- han ido dando la razón a muchos ciudadanos; y el Consistorio ha introducido al fin las bonificaciones. Pero lo cierto es que se ha creado una especie de vacío normativo, pues la legislación aún no ha sido modificada. Una situación muy peligrosa para las finanzas del Ayuntamiento, que podría acabar teniendo que hacer frente a cuantiosas devoluciones tributarias. Ni se puede masacrar al ciudadano con impuestos injustos y abusivos ni se deben dejar las cuentas de los ayuntamientos en la incertidumbre. Las administraciones tienen, cuanto antes, que clarificar la cuestión, fijar las normas adecuadas y aplicar los impuestos con racionalidad.