Los despedidos de Ekoalfa piden 3 años de cárcel para el dueño de la agencia de viajes aragonesa
Consideran que no había motivos contables para promover un ERE colectivo y reclaman 450.000 euros en concepto de indemnización.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza sentó este jueves en el banquillo de los acusados al empresario aragonés Francisco de Paula Haro, para el que la Fiscalía y un grupo de trabajadores despedidos de la agencia de viajes Ekoalfa 4 piden una pena de 3 años de prisión como presunto autor de un delito societario. Los perjudicados reclamaban también inicialmente al encausado más de 700.000 euros, pero al haber recibido ya una parte del Fondo de Garantía Social (Fogasa) la cantidad se reduce ahora a 450.000.
La operadora turística, con sede central en Zaragoza, promovió el despedido colectivo de 128 empleados en 2013: 60 de ellos en la capital aragonesa. Pero la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tumbó el ERE por considerar que no se ajustaba a derecho, condenando solidariamente tanto a Ekoalfa 4 como a la sociedad hermana Europea de Representaciones Hoteleras.
La empresa Ekoalfa 4 justificó los despedidos en la caída de ventas: de 41,8 millones de euros en 2011 a 33 millones en 2012. Pero la Audiencia Nacional no pasó por alto que mientras se desplomaba la facturación de la agencia de viajes, en paralelo se producía un "incremento geométrico" de los ingresos de Europea de Representaciones Hoteleras.
Durante la vista celebrada este jueves, el acusado, defendido por Juan Moncús, negó que Ekoalfa llevara una doble facturación e insistió en que el ERE estuvo justificado en una caída de las ventas de 7 millones de euros. Pero no piensan lo mismo los administradores concursales, que este jueves declararon por vídeoconferencia. Según estos, la sociedad no justificó como debería la supuesta precariedad contable. Y como la Audiencia Nacional, recordaron que el descenso de ingresos de Ekoalfa 4 coincidió con un repunte de negocio de Europea de Representaciones Hoteleras.
El abogado Miguel Ángel Lanaspa, que representa a los 23 despedidos que han denunciado a Francisco de Paula, entiende que hay pruebas suficientes para condenar al empresario. Se da la circunstancia de que la Audiencia de Zaragoza ya impuso a este una pena de 3 años de cárcel y una multa de 3.000 euros en 2015 por quedarse 221.872 euros de la venta billetes, dinero que correspondía a las compañías aéreas.
