Un juez procesa a un militar al que dos menores denunciaron por agresión sexual en Zaragoza

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza acaba de cerrar las pesquisas abiertas contra D. C. V., un militar de 36 años destinado en la capital aragonesa al que dos chavales de 15 denunciaron a finales del año pasado por agresión sexual. El encausado, que sigue prestando servicio en el Ejército a la espera de que se celebre el juicio y un tribunal dicte sentencia, no ha negado nunca las relaciones. Sin embargo, asegura que estas fueron consentidas y que los menores mintieron al decirle su edad. El investigado insiste en que conoció a ambos a través de una aplicación de móvil para contactos sexuales entre homosexuales en la que los usuarios reconocen ser mayores de edad al darse de alta.

Concluida la fase de instrucción y practicada la declaración indagatoria –en la que se interroga por última vez al investigado–, el magistrado pedirá ahora a las partes que califiquen los hechos para, posteriormente, dictar auto de apertura de juicio oral. A priori, el instructor entiende que existen suficientes indicios racionales de criminalidad para llevar al militar al banquillo por estas agresiones sexuales. De hecho, ya le ha pedido que deposite una fianza de 12.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles.

Según el auto de procesamiento, los hechos se produjeron en la vivienda del militar en una fecha sin concretar de noviembre de 2017. Tras un contacto previo a través de la aplicación informática ‘Grindr’, los chavales se presentaron juntos en la casa del investigado. Una vez allí, "sin importarle su edad, pero representándose como cierta la posibilidad de que fueran menores de 16 años", este les invitó a pasar y les pidió que se asearan.

El menor le pidió que parara

Basándose en la exploración practicada a los denunciantes y en la declaración del propio acusado, el juez concluye que el soldado mantuvo relaciones sexuales completas con ambos chavales. Recuerda además en su auto que uno de los chicos, pese a su aquiescencia inicial, en un momento dado "y como fuera que le hacía daño", pidió al presunto agresor que parase, "a lo que este no accedió".

Al parecer, fue uno de los denunciantes quien puso fin a todo aquello al decir que le había llamado su madre por teléfono y tenían que irse. Posteriormente, ambos denunciarían lo sucedido.

Cuando compareció ante el juez de guardia, el encartado recordó que la aplicación con la que contactó con los denunciantes está vetada legalmente a menores de 16 años. Para su abogado, el relato prestado por los chicos, tanto en sede policial como judicial, "cuenta con incontables incongruencias, contradicciones y lagunas difíciles de sortear". Sin embargo, este entiende que una cosa ha quedado clara: "las relaciones fueron plenamente consentidas sin intermediar violencia o intimidación".

En libertad provisional

El juez de guardia decretó en su día la puesta en libertad provisional del investigado, dictando una orden de protección que le impide aproximarse a los menores. En su auto de procesamiento, el instructor del caso ratificó la medida, pero la acusación particular ha recurrido ante la Audiencia Provincial para solicitar el ingreso en prisión del militar. La defensa se ha opuesto, ya que entiende que no existe riesgo de fuga –por su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, está "perfectamente localizable", dice– y tampoco puede destruir pruebas, dado que ya le fueron requisados los terminales informáticos y dispositivos de almacenamiento.

La Fiscalía y la acusación particular todavía no ha presentado sus escritos de calificación, pero el Código Penal castiga el delito de agresión sexual a menores de 16 años con penas de prisión de 12 a 15 años. La acusación particular ha recurrido ante la Audiencia Provincial la puesta en libertad del encausado, pero esta no se ha podido pronunciar todavía por la mala calidad de las grabaciones de las declaraciones de las víctimas. "El sistema de grabación es altamente insatisfactorio. Y las grabaciones defectuosas pueden dar lugar a nulidades o absoluciones si esas grabaciones resultan imprescindibles para resolver los recursos", advierte la Sección I, que ha pedido la transcripción de los exploraciones o su repetición.