Veinticuatro personas se sentaron este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza acusadas de varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social cometidos en diferentes periodos de los años 2012, 2013 y 2014 y que significaron una estafa ligeramente superior a los 125.000 euros para las cuentas de la Seguridad Social.

La Fiscalía solicita penas que suman más de 27 años de cárcel para los implicados, defendidos por los abogados José Cabrejas, José Luis Melguizo y Olga Oseira, entre otros. El ministerio público considera probado que el principal acusado -Mario O. B., que tiene antecedentes por estafa- recibía dinero para simular contratos de trabajo en una empresa de su titularidad "sin actividad alguna".

El resto de los acusados eran los titulares de los falsos contratos de trabajo y los utilizaban para cobrar prestaciones sociales, de acuerdo con el relato del fiscal y del resto de acusaciones, ejercidas por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todos los organismos exigen el reintegro de las cantidades cobradas de forma fraudulenta.

Durante la vista oral, 19 acusados reconocieron los hechos, lo que posibilitó que la Fiscalía les rebajara sus peticiones iniciales de condena. El principal acusado no reconoció los hechos y se negó a declarar, por lo que se mantuvo para él la solicitud inicial de cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro contra la Seguridad Social. A pesar de que estaba previsto de que el juicio continuara hasta el jueves, este lunes quedó visto para sentencia.