Jueces y fiscales irán a la huelga si no logran más independencia y medios para hacer su trabajo

Jueces y fiscales de Zaragoza y Huesca se han concentrado a las puertas de sus respectivas sedes judiciales para exigir al Ministerio de Justicia que se siente a negociar una lista de reivindicaciones que abarcan desde la petición de medios para luchar contra la corrupción a la recuperación del poder adquisitivo que perdieron en 2010 con la crisis, pasando por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto. En Teruel, los diez jueces y los seis fiscales que trabajan en la capital optaron por no concentrarse debido a su escaso número y a que había alguno de libranza, pero transmitieron que también apoyan la protesta.

El juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban Pradas, fue el encargado de poner voz en la capital aragonesa al comunicado que de forma conjunta –lo que es algo excepcional– acordaron las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales que hay en España y que se leyó de forma simultánea en todo el país.

Entre las principales reivindicaciones que plantean al Parlamento, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) figura la adopción «urgente» de medidas para reforzar la independencia judicial. Para ello, proponen que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de modo que el CGPJ recupere el régimen competencial y de organización y garantice «la elección de los vocales por los jueces y magistrados» y asegure la «igualdad de género y representatividad».

«El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia», leyó Roberto Esteban. Reclaman que se nombre de «forma objetiva» a los altos cargos judiciales y se supriman los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

A preguntas de los medios de comunicación, Roberto Esteban matizó que, de acuerdo con su experiencia, la independencia de los jueces existe, pero lamentó la «imagen de politización» que da la justicia en la elección de los vocales por parte del Parlamento y criticó que sean los partidos políticos quienes designen a los presidentes de los tribunales superiores, audiencias y magistrados del Tribunal Supremo. «Los jueces tenemos algo más que decir y aportaríamos más imparcialidad en esos nombramientos», apuntó.

Dotar de los medios materiales y personales a los funcionarios con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal es otra de sus propuestas. Una antigua reivindicación es que se aumente el número de jueces y fiscales y se convoquen al menos 300 plazas de cada carrera para equiparar a España con la media europea.

El proceso de digitalización de la Justicia es algo que tiene soliviantadas desde hace tiempo tanto a la Judicatura como a la Fiscalía (y también a los funcionarios de los juzgados). Por eso, exigen los equipos y programas adecuados que «realmente faciliten» el trabajo en beneficio del ciudadano «en lugar de ralentizarlo». De hecho, entre las reivindicaciones concretas de las asociaciones de fiscales figura la «paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos».

Recientemente, el Gobierno de Aragón adquirió el programa Avantius para sustituir al Minerva del Ministerio de Justicia por su mal funcionamiento. Aunque esto es contradictorio con su propuesta de que todos los sistemas del territorio sean compatibles, Roberto Esteban reconoció que era necesario porque el ministerio no estaba invirtiendo lo suficiente para actualizar un sistema poco eficiente.

La movilización de ayer fue la primera de un calendario de protestas que tiene previsto culminar el próximo 22 de mayo si el Gobierno no atiende sus peticiones. Ya está prevista otra concentración en Madrid el 14 de abril y paros parciales de una hora los jueves durante un mes.