La puesta en marcha fallida de una planta de gestión de neumáticos usados en Puerto Rico ha llegado este martes hasta a la Audiencia de Zaragoza. La Sección Sexta ha celebrado la primera sesión del juicio contra Fernando Jesús L. L., que está acusado de estafar 89.000 dólares (unos 71.800 euros al cambio actual) a un ciudadano puertorriqueño que invirtió en el proyecto y considera que el acusado utilizó información falsa para conseguir su participación.

Los hechos se remontan a 2014, cuando ambos se pusieron en contacto gracias a un conocido en común. Entonces, el zaragozano le dio a conocer su proyecto: un vertedero de neumáticos en la ciudad puertorriqueña de Lajas (25.000 habitantes) capaz de procesar unas 30.000 ruedas al año. El inversor, un ingeniero químico que se dedica a la consultoría farmacéutica, depositó en ese momento 30.000 dólares para adquirir participaciones. El puertorriqueño ha comparecido durante la vista oral y ha explicado que poco tiempo después de esa aportación, Fernando Jesús L. L. le pidió 50.000 euros más para depositarlos a modo de fianza en una entidad bancaria a la que había solicitado una línea de crédito millonaria (unos 50 millones) para sacar adelante la planta de gestión de residuos.

También ha declarado uno de los financieros que estudió la concesión del préstamo y ha sostenido que la entidad para la que trabajaba nunca pedía esta suerte de depósitos para estudiar el apoyo económico a un proyecto. En la vista oral también han comparecido dos ingenieros que han afirmado haber trabajado en diferentes aspectos de la redacción del negocio, aportaciones que nunca les fueron abonadas, según hicieron constar.

El principal inversor pide que le sean restituidos un total de 89.000 dólares, pues a las aportaciones empresariales que hizo ha sumado un préstamo personal que dio a la mujer del acusado por valor de 6.000 dólares porque el matrimonio le dijo que estaba pasando dificultades económicas.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el empresario zaragozano, quien llegó a la Audiencia más de 40 minutos tarde y en silla de ruedas ya que su salud es muy delicada, cinco años de cárcel por estafa agravada y que abone la responsabilidad civil correspondiente. La defensa, ejercida por Eva Parra, solicita la libre absolución. La letrada considera que "se ha criminalizado un negocio jurídico". El juicio tendrá una segunda sesión cuya fecha no se ha fijado todavía, a expensas de que el acusado, que está en tratamiento médico, indique qué fechas cercanas tiene libres.