La oposición urge a ZEC una solución al rastro ilegal que no cause agravios a los comerciantes

Broto admite el «retraso» del gobierno para encontrar una fórmula que no vulnere las ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento planea un rastro con una tasa simbólica para los vendedores ilegales
José Miguel Marco

La comisión de Derechos Sociales celebrada ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza sirvió para que la oposición volviera a reclamar a la concejal del área, Luisa Broto, una salida al conflicto generado en el rastro de La Almozara por la presencia de vendedores ilegales. PP, PSOE y Ciudadanos pidieron a la edil celeridad para resolver la situación, eso sí, sin generar nuevos «agravios comparativos» con el resto de vendedores, mientras que CHA reclamó una «solución integral».

El concejal del PP José Ignacio Senao insistió además en denunciar que el equipo de gobierno de ZEC ha suscrito un convenio con la asociación cultural El Cantero de Torrero para que actúe en el aparcamiento sur de la Expo, subrayando que el presidente de este colectivo es Adolfo Allué, miembro de la comisión de garantías democráticas de Podemos Zaragoza. «Hacen bandera de la necesidad de los demás para beneficiar a sus amigos», denunció el edil.

Broto, por su parte, negó este extremo, y señaló que «no hay ningún convenio ni beneficio económico» ya que se trata de «una plataforma que ayuda sin enriquecimiento». La concejal de ZEC recordó que la venta ilegal en la ciudad «es una situación compleja de largo recorrido», y destacó la labor realizada hasta la fecha. «Me enorgullezco del trabajo que estamos haciendo con diferentes áreas para darles una salida digna», dijo, aunque reconoció que dicha actuación va con «retraso».

En este sentido, desde la bancada socialista la concejal Lola Campos transmitió su temor sobre cómo se está enfocando el problema por parte del gobierno municipal. «Según cómo se resuelva, este expediente puede ser una bomba, porque podría generar problemas con otros sectores», expresó. Además, apuntó que «el enfoque no puede pasar de ser policial, a exclusivamente social» e insistió en que «hay que actuar con las leyes en la mano para no crear más dificultades».

Desde Ciudadanos, Cristina García reconoció que el conflicto afecta a «personas con una situación grave» y que «la situación es complicada», pero instó al gobierno a encontrar una solución a corto plazo. «Hay que actuar ya, hacer un modelo de intervención ejemplar, porque ya ha habido problemas graves en el rastro», comentó.

Finalmente, Carmelo Asensio (CHA) mostró su apoyo a ZEC y recordó que «muchas de estas personas son extranjeras, en situación ilegal», y pidió una solución «social y no policial».

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