El Justicia reclama que se regule el acceso a las ludotecas de menores con discapacidad

El Justicia de Aragón ha dado la razón a los padres de Miguel Garicano, el niño zaragozano al que le fue denegada la inscripción en una ludoteca municipal en septiembre de 2016 por no poderle atender, ya que tiene un 75% de discapacidad. Fernando García Vicente ha elaborado su informe sin recibir "respuesta alguna" del Consistorio de Zaragoza, pero demanda que el Ayuntamiento "revise su actuación en el caso" y estudie la elaboración de una ordenanza "que establezca un protocolo y tipifique las situaciones que podrían ser atendidas en las ludotecas municipales con los recursos ordinarios, y aquellos casos que, en función de la discapacidad del menor, precisarían disponer de recursos humanos adicionales".

Un año después de que José Alberto Garicano y Arantxa Guallar, padres del pequeño, recibieran la noticia de que Miguel "no podía ir más" a la ludoteca Os Mesaches del Actur, donde había asistido en los últimos tres años, han recibido la resolución del Justicia con satisfacción. "Estamos contentos porque el Justicia dice lo que demandamos nosotros, pero en términos jurídicos", dice el padre.

Miguel Garicano sufre una alteración genética que le provoca un grado de discapacidad intelectual del 75% y asiste al colegio de educación especial Fundación Cedes. Dos tardes a la semana, solía asistir a esta ludoteca, que era "la única" actividad en la que podía relacionarse con chavales sin discapacidad. Pero al cumplir los 9 años, les comunicaron que para atenderle necesitarían un apoyo. Aunque lo consiguieron, el Ayuntamiento no se hizo cargo del seguro de responsabilidad civil, como consideran los progenitores que debería hacerse para garantizar el acceso al servicio en las mismas condiciones que el resto. Este curso, Miguel no ha podido asistir a ninguna ludoteca.

El informe del Justicia destaca, asimismo, que "no se ha recibido respuesta alguna del Ayuntamiento de Zaragoza a las reiteradas solicitudes de información realizadas" y recuerda que es "obligación de toda Administración dar respuesta al ciudadano en relación con sus escritos y solicitudes, sin que resulte legítimamente admisible acudir a una postura de silencio". Según el Justicia, "la falta de respuesta (...) restringe las posibilidades de defensa del ciudadano". Desde el Gobierno municipal reiteraron la posición expresada en la comisión de Derechos Sociales, en la que la consejera Luisa Broto expresó que el menor "tiene que estar en un centro donde le garanticen sus necesidades" y que estas no pueden asegurarse en una biblioteca. La concejala del PP Reyes Campillo, que preguntó por este tema en el debate del estado de la ciudad, subrayó su preocupación porque el Consistorio no haya "ni recibido a la familia ni contestado a sus peticiones y las del Justicia".

Derecho a la igualdad

El Justicia recuerda el "derecho a la igualdad de oportunidades (...) y el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones", que queda reflejado en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Y hace hincapié en que "las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad (...) en el acceso a la cultura, el deporte, al ocio". Y llama a regular los servicios de educación no formal –como define a las ludotecas– tanto a nivel autonómico como con una ordenanza municipal "determinando los requisitos de admisión, las condiciones mínimas de los recursos o la cualificación del personal". Este informe, firmado a 27 de diciembre de 2016, da un mes de plazo al Ayuntamiento de Zaragoza para responder.