Una ocasión para poner fin a la huelga interminable

El referéndum que encara mañana la plantilla de Auzsa podría solventar un conflicto que ha pasado por diversas etapas desde diciembre.

La fila de los autobuses.
La fila de los autobuses.
Oliver Duch

Mañana, desde las 4.30, la plantilla de Auzsa empezará a votar en referéndum sobre una propuesta para poner fin a la huelga más larga de la historia en Zaragoza. Los trabajadores, por fin, podrán pronunciarse ante una oferta que cuenta con el aval del propio Ayuntamiento y que incluye una subida salarial del 4% para los próximos cuatro años pero que, sin embargo, ha sido criticada como insuficiente por los sindicatos del comité, partidarios del ‘no’. Sin embargo los usuarios, colectivos vecinales, de consumidores... Todos confían en un acuerdo y nadie quiere imaginar que la situación vuelva a enquistarse. Estas son algunas claves de unos paros demasiado largos.


1 Sin convenio. El pasado 10 de diciembre comenzaba una huelga que pocos pensaban que fuera a ser tan larga. Se reprodujeron esperas eternas en las paradas y comenzó la indignación de muchos usuarios. El comité lo había avisado tras fracasar la negociación previa llevada a cabo durante meses, ya que seguía sin existir acuerdo en torno a la firma del nuevo convenio colectivo y, sobre otras razones que luego han cobrado protagonismo, el motivo principal estribaba entonces en lo económico: los trabajadores exigían volver a los niveles de sueldos previos a 2013, cuando un laudo arbitral supuso una reducción media del 3,9% en sus nóminas. La empresa defendía que la bajada del laudo fue legal y que no podía ampliar el capítulo de personal porque el Ayuntamiento tampoco incrementa su subvención al servicio.


2 Servicios mínimos. El Gobierno municipal decidió establecer unos servicios mínimos del 33%, lo que debido al gran seguimiento de los paros (mantenido hasta hoy) ha endurecido sus efectos con arreglo a otras convocatorias. Este decreto, que admite una afección diaria para más de 180.000 zaragozanos y que solo deja fuera los servicios de movilidad reducida, ha tenido una fuerte contestación, tanto a nivel político como ciudadano. En el Ayuntamiento, se han sucedido mociones e iniciativas que han terminado por suscribir todos los grupos salvo ZEC en torno a aumentar estos servicios mínimos al menos al 50%, pero sin éxito. La oposición en bloque (PP, PSOE, C’s y CHA) ha anunciado que exigirá un pleno monográfico y extraordinario el miércoles si mañana no se soluciona el conflicto.


3 Idas y venidas. La falta de acuerdo y la fragilidad de las negociaciones entre las dos partes ha sido otra constante, a pesar de los continuos contactos en el Servicio Aragonés de Mediación (SAMA), donde se han celebrado hasta 13 reuniones y que incluso planteó en marzo una propuesta a las dos partes que ha servido como base para la última oferta encima de la mesa. Los primeros contactos no surtieron efecto, se llegó a las fechas navideñas con los paros en marcha, que además afectaban de lleno al horario comercial. En enero, incluso, las negociaciones se rompieron. Luego se retomaron, volvieron a congelarse y fueron apareciendo otros flecos por resolver.


4 El Gobierno, cuestionado. La labor del Gobierno municipal ha sido puesta en entredicho por el resto de partidos, al considerar que de entrada se posicionó con los trabajadores. Pese a tratarse de un servicio público, el discurso del Ayuntamiento se ha basado en considerar el conflicto como exclusivo entre dos partes, en rechazar cualquier incremento de los servicios mínimos y en recalcar que no se pondrá un euro municipal para su solución (algo que tampoco permiten los actuales pliegos). Después de unos contactos iniciales de la concejal Teresa Artigas, fue el propio alcalde Pedro Santisteve quien se vio con la empresa y después acudió a una asamblea con los trabajadores. Ese día, afirmó que su Gobierno "no se merecía" una huelga semejante. Era 20 de enero, se cumplían 42 días de paros ininterrumpidos y la oposición, ya con el PSOE en sintonía con el PP, pidió una comisión extraordinaria. Mientras, el Gobierno amenazaba a Auzsa con realizar una auditoría y se conocía el ahorro que le suponen los paros al Consistorio por los menos kilómetros recorridos (con 107 días esta cifra se elevaba a 2,6 millones de euros). Después de tres meses, la labor de mediación del Consistorio fue más activa, sobre todo la semana pasada.


5 Incidentes en los buses. El 10 de febrero esta ya era la huelga más larga de la historia. Aquella jornada, hasta cuatro incidentes en un solo día tuvieron como protagonistas a pasajeros que se negaban a ser desalojados de los vehículos que iban a cocheras, o bien que no querían pagar el billete. Por ello, esa misma semana el Consistorio realizó la única modificación de los servicios mínimos hasta la fecha: ordenar que los buses finalicen su recorrido si ya han acumulado el 25% de su trayecto.


6 Hartazgo colectivo. El clamor por solucionar la huelga trascendió pronto al salón de plenos y a las dos partes. Tanto el Justicia como plataformas y entidades vecinales, asociaciones de consumidores o de comerciantes han planteado de forma reiterada que la prolongación de la huelga durante ya más de tres meses y medio resulta insoportable para la ciudadanía y que se subieran los servicios mínimos. En las paradas, se han sucedido las muestras de rechazo y de hartazgo.


7 Una agresión. Para que no faltase ningún ingrediente, el de la agresión física también estuvo presente, en concreto, el pasado 18 de marzo. Un trabajador y representante del comité de empresa denunció el empujón que le propinó el director de recursos humanos de la compañía, que ha sido apartado y expedientado desde entonces.


8 El culebrón final. Después de varias reuniones maratonianas, y con el asunto salarial más o menos solventado, la discrepancia se ha centrado finalmente en "flecos" sobre bajas por incapacidad, con las que el comité decía perder derechos adquiridos (la empresa ahora paga desde el primer día de baja y plantea que con el nuevo convenio sea desde el 30º día, aunque hace semanas quería que fuese en el 90º). La enésima reunión en el SAMA terminó el pasado lunes sin acuerdo y con la mediación in extremis del Ayuntamiento. Durante el transcurso del último pleno, el Gobierno logró arrancar el compromiso de que los trabajadores votarán mañana la propuesta de la empresa.

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