El camping de Zaragoza no volverá a alquilar sus instalaciones a neonazis

Después de que el Gobierno de Zaragoza decidiera poner en conocimiento de la Fiscalía el uso "con reiteración" de las instalaciones del cámping municipal por parte de grupos neonazis y de extrema derecha, los administradores de estas instalaciones han señalado que cuando se han celebrado estos actos, "la Policía Nacional ha estado avisada". 

"La policía estuvo informada de su presencia, desplegando un dispositivo de vigilancia desde las 9.00 del día 4 de diciembre hasta las 14.00 del 5 de diciembre, momento en que los alojados, abandonaron las instalaciones", subrayan a través de una nota de prensa. Del mismo modo, señalan que tienen la obligación comunicar cualquier tipo de agrupación de personas dentro del camping. "En este caso, se trataba de una treintena de personas que se registraron de forma individual", recuerdan. 

"Nosotros no podemos excluir a clientes por el hecho de sospechar su ideología nazi. El derecho de admisión es en la práctica inaplicable", recalcan a través de la nota. De hecho, subrayan que el grupo estaba advertido de que no se podían expresar públicamente contenidos como los observados en las redes y que hemos podido comprobar por las fotos. 

"Tras confirmar que los símbolos que se fotografiaron, se expusieron en la carpa del camping de Zaragoza, a este grupo se les comunicó inmediatamente que no se les volvería a alquilar ningún espacio de reunión", puntualizan. 

El escrito señala que los gerentes entienden "perfectamente la sensibilidad de cualquier persona hacia estas conductas de extremismo político y condenan cualquier tipo de enaltecimiento de la violencia o de delitos de odio", pero subrayan la dificultad que entraña conciliar, como en este caso, "sentimientos políticos con la gestión de una empresa". "Simplemente nos vemos obligados a cumplir la ley", finalizan.

En cualquier caso, los gestores del camping están de acuerdo en solucionar este tipo problemas en sintonía con el Ayuntamiento de Zaragoza, y agradecen las palabras de Fernando Rivarés subrayando que “los supuestos culpables no son un equipamiento municipal ni la empresa que lo gestiona”.