El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado su apoyo a las ocho personas, conocidas como los 'ocho de Yesa', que están imputadas por diferentes delitos al manifestar su protesta contra el recrecimiento de este embalse en octubre de 2012 en una concentración que tuvo lugar en la localidad zaragozana de Artieda, que se vería afectada por el aumento de la cota del pantano.

A los ocho imputados la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza les pide 36 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado o desobediencia, así como indemnizaciones que alcanzan los 22.020 euros.

Estos ocho imputados, junto a los vecinos de Artieda se concentraron en contra las expropiaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estaba llevando a cabo en la zona, dentro de los trámites previos a las obras de recrecimiento de Yesa y con su presencia impedían el acceso de los funcionarios de la CHE.

La Guardia Civil les dio tres avisos para que les dejaran proceder a los técnicos de la CHE hasta que finalmente los agentes tuvieron que intervenir.

Tanto la acción de la Guardia Civil como las lesiones que provocaron entre la ciudadanía congregada en la protesta fueron denunciadas ante las autoridades competentes, pero la Audiencia Provincial archivó la causa contra los 16 guardias civiles que participaron en la carga, de la que tampoco se ha derivado responsabilidad política alguna.

La concejal delegada de Participación Ciudadana, Elena Giner, ha animado a reconocer el derecho a la discrepancia y a la protesta para conminar a la corporación a "apoyar los 8 de Yesa y mostrar nuestra solidaridad y confianza en estas personas".

"Aberración"

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha indicado que los ocho imputados "protestaban por el futuro de una tierra" y ha arremetido contra la Ley de Seguridad Ciudadana que ha calificado de "ley mordaza" porque ha supuesto que en España haya más de 300 procedimientos como éste por ejercer el derecho de huelga.

Asensio ha apuntado que "la sola idea de entrar en prisión por defender un derecho constitucional es una aberración" y ha reiterado el apoyo de su grupo municipal.

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (C's), Alberto Casañal, ha defendido la libertad de expresión y ha recordado los límites que marca la Constitución. También ha trasladado el respeto a las resoluciones de la justicia y "sin presiones".

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Campos, ha dicho que reivindicar el derecho a la protesta y de forma pacífica es "fundamental para construir una sociedad democrática y plural" y ha pedido que el pleno exponga su confianza en la justicia y en que se alcance una sentencia "justa y adecuada" sobre las personas afectadas.

Concentración ilegal

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Pedro Navarro, ha recordado que confía en todas las instituciones del Estado y ha precisado que "no fue una manifestación pacífica, sino una concentración ilegal para impedir que funcionarios de la CHE cumplieran su trabajo por lo que la Guardia Civil dio tres avisos y seguidamente comenzó a andar con los escudos por delante y los agentes no están imputados", ha relatado.

Navarro le ha reprochado a la concejal del Zaragoza en Común (ZEC) que el hecho de "decir que confiamos en la absolución" es una forma de "coaccionar".

Giner ha precisado que no pretende interferir en la acción de la justicia, sino apoyar a las personas por "la desproporción de la carga de la fuerza actuante y los '8 de Yesa' necesitan todo nuestro apoyo", ha detectado.