Sebastián Bibiloni Palmer, de 48 años y natural de Palma de Mallorca, inició una huelga de hambre el pasado 3 de julio después de que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario le denegara un permiso ordinario, hecho que tan solo fue el detonante de una serie de "injusticias en su condena", según ha explicado su abogada, la letrada María Pilar Alda, quien asegura que el interno ya ha perdido "más de 14 kilos".

Bibiloni, actualmente en segundo grado, había pedido que le adelantaran la fecha de la revisión de su situación para que la junta de tratamiento le progresara de grado y le otorgara la libertad condicional. Esa reunión está fijada para septiembre, tan solo un mes antes de que termine de cumplir su condena de ocho años y medio por cuatro delitos de estafa.

"Mi cliente sale en octubre y cumple todos los requisitos para pasar a tercer grado, no tiene partes de sanción, ha pagado la totalidad de las responsabilidades civiles, tiene arraigo familiar y una madre enferma", afirma Alda.

El preso llegó a Zuera en noviembre de 2013 procedente de la cárcel de Ibiza, donde ya había mantenido otra huelga de hambre durante 58 días, que le causó un fallo renal y el consiguiente traslado al centro penitenciario zaragozano. Al parecer, Bibiloni ha presentado numerosas quejas y reclamaciones en las tres cárceles en las que ha estado desde 2006.

El interno asegura que no abandonará su protesta "hasta que algún responsable de la Administración estudie su caso". Su abogada afirma que su cliente "está dispuesto a llegar hasta el final si nadie le escucha" y confirma las situaciones que describe su cliente desde el inicio de su condena.

Sebastián Bibiloni pasó al tercer grado en noviembre de 2012, e incluso disfrutó de varios permisos anteriormente mientras estuvo en el segundo grado como en la actualidad. Sin embargo, en su historial consta "un expediente disciplinario por falta muy grave" que, en opinión de la abogada defensora, no se cancela por falta de voluntad. "Mi cliente ha trabajado en el economato y en la enfermería, y tiene más de 200 puntos por trabajos voluntarios con los que podrían haberle cancelado el expediente", añade la letrada.

"Hace tres años desde que mi cliente podía haber accedido a la condicional, sin embargo se la deniegan porque es un preso incómodo que no se doblega y que, cuando no está de acuerdo con algo, reclama sus derechos por la vía reglamentaria", relata la letrada.

Desde la cárcel de Palma de Mallorca pasó a la de Ibiza en 2010, donde permaneció otros tres años, hasta el pasado mes de noviembre, cuando otra huelga de hambre propició que Instituciones Penitenciarias lo trasladara a Zuera. "Todos sus derechos se han visto vulnerados, es una situación muy injusta", declara Alda.

"Se puede pensar que para dos meses que quedan no vale la pena, pero estos años han sido un calvario. La condena es tanto para el que la cumple dentro como para los que nos quedamos fuera", sostiene la hermana del preso, Francisca Bibiloni. Recuerda que, debido a la distancia, tan solo ha podido visitar a su hermano una vez en 8 meses y denuncia que no se haya tenido en cuenta el delicado estado de salud de su madre, de 80 años.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón confirmaron este miércoles la protesta del preso y aseguraron que han dado curso a las cartas que les ha enviado a lo largo de este mes. No obstante, señalaron que la responsabilidad de otorgarle el tercer grado corresponde a la juez de vigilancia penitenciaria y no a la administración.