La DGA inspecciona casi un millar de VPO por posibles irregularidades

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón realizó durante el año pasado actuaciones sobre 978 viviendas de protección oficial (VPO) por presuntas irregularidades cometidas tanto por propietarios como por promotores o constructores. La mayoría, 803, se realizaron por iniciativa propia de la Inspección de Vivienda o a petición de la Dirección General y las Subdirecciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, mientras que en 175 fueron investigaciones motivadas por denuncias de los afectados o de terceras personas.

Las inspecciones de la DGA se realizan para detectar posibles incumplimientos de la normativa especial a la que están sujetas las viviendas de VPO, que a cambio de precios más asequibles -aunque cada vez hay menor diferencia con las promociones libres- exigen ciertas obligaciones, como destinarla a domicilio habitual y permanente durante el periodo en el que se mantiene vigente el régimen de protección. Esto obliga los propietarios a no tenerla desocupada más de tres meses seguidos al año, salvo por causas justificadas -con la nueva normativa se permite ampliar el plazo con razones justificadas-, y tampoco puede destinarse a segunda residencia o cualquier otro uso.

Según el propio Gobierno de Aragón, estas son algunas de las infracciones más frecuentes, junto a la ejecución de obras sin autorización. También advierten de casos de arrendamientos sin permiso, o de alquileres o ventas de VPO por encima de su precio, aunque son prácticas casi inexistentes. En el caso de los incumplimientos por parte de los promotores y constructores, las denuncias suelen producirse por deficiencias en la construcción.

Aunque algunas de estas irregularidades son difíciles de probar, sobre todo las relativas a la no ocupación de un piso de protección -se puede controlar con los recibos del agua y la luz o con las visitas de los inspectores-, casi la mitad de las actuaciones realizadas por este departamento acabaron con la apertura de un expediente. De hecho, 481 de las 978 inspecciones terminaron con una propuesta de incoación de expediente sancionador, lo que no quiere decir que los supuestos infractores acabaran siendo sancionados. En el resto de los casos, cabe la posibilidad de que no se apreciara ninguna infracción o de que la investigación todavía no se haya cerrado, ya que, según informan desde la DGA, “los procesos pueden ser largos y algunas de ellas siguen en proceso de resolución”.

Más de 500 renuncias en 2012

La caída tanto de la oferta como de la demanda de viviendas de protección oficial, así como la cada vez menor diferencia de precio con las promociones libres -y sobre todo, los inmuebles de segunda mano-, han provocado una importante caída del número de pisos adjudicados durante los últimos años. En 2012 solo 1.768 encontraron propietario, frente a las alrededor de 4.000 de los años 2006 y 2007.

Como consecuencia de esta caída de los demandantes también se han reducido las renuncias a este tipo de viviendas subvencionadas, que el año pasado se situaron en 576. Un número muy inferior al de años anteriores, pues en 2011 se produjeron hasta 1.247 renuncias y en 2009, 2.134. Desde el año 2006 hasta ahora, casi 9.000 personas han rechazado una VPO en Aragón.