El fiscal anticorrupción encargado del caso Plaza se desplazará el próximo jueves a Zaragoza para tomar parte en la toma de declaración, como imputados, de dos directivos de Acciona presuntamente relacionados con una supuesta trama de malversación de 50 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística.

Fuentes de esta fiscalía especial han confirmado que el representante fiscal ha optado por estar presente en las declaraciones de ambos directivos, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, a pesar de haber impugnado la prueba con el fin de retrasarla hasta la reincorporación del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, encargado del caso.

El fiscal, que había hablado con el juez suplente de demorar la testifical hasta la vuelta de vacaciones del titular del juzgado, a principios de septiembre, decidió impugnar la convocatoria al conocer la decisión.

A la espera de una posible modificación de última hora, el representante fiscal ha decidido suspender su paréntesis vacacional para asistir a las declaraciones de los directivos de Acciona y continuar al frente de la operación puesta en marcha.

Este fiscal dirigió días atrás la operación de entrada y registro de unas instalaciones en Zaragoza de la UTE formada por Acciona y Mariano López Navarro, donde la sociedad guardaba toda la documentación relacionada con Plaza.

Anticorrupción propuso entonces tomar declaración a los directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, destinados actualmente en países sudamericanos, para tratar de determinar su grado de participación en la presunta trama de malversación.

Tras el registro se produjeron las tomas de declaración del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, detenido en Salou (Tarragona) con 415.000 euros en su poder; del director técnico de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld; y del director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.

Los tres fueron detenidos previamente y conducidos bajo custodia al juzgado, donde tras prestar declaración fueron puestos en libertad con cargos.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los documentos incautados evidencian la presunta veracidad de la denuncia presentada en su oficina por presunta malversación y blanqueo de capitales.

La investigación se dirige a conocer si la UTE pudo hinchar algunas de las facturas de obra sobredimensionando el volumen de varios de los trabajos realizados.

El inicio de la prueba testifical convocada coincidirá con el comienzo de un Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo en el que se prevé dar instrucciones al consejo de administración de Plaza para que la sociedad pública se persone en la causa penal abierta por presunta malversación.

Un día después, el viernes próximo, se reunirá el consejo de administración de Plaza, en el que el Gobierno aragonés ostenta la mayoría, para acordar personarse en la causa.

Por otra parte, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha puesto de relevancia este martes el presunto caso de corrupción detectado en Plaza no fue detectado por ningún órgano de control "interno o externo" de la administración sino de dos trabajadores, uno de la plataforma logística y otro de Acciona.

A su juicio, esto avala "la importancia de que la lucha contra la corrupción se asuma por el personal de las organizaciones públicas y privadas, haciéndose preciso un régimen de garantías que impida futuras represalias".