Muy fino tendrán que hilar en la comisión bilateral Aragón-Estado para lograr superar todas sus discrepancias sobre la Ley 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón y evitar que el Gobierno central también recurra la norma en el Tribunal Constitucional. El PP ya dio el paso para "defender la unidad de España, la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía". También Ciudadanos se rebeló contra su contenido, y en las Cortes de Aragón se sumó al voto en contra de los populares. Las voces críticas han llegado, además, desde el mundo académico por su adaptación de la versión histórica y por no resolver ningún problema real de los aragoneses. De hecho, ni siquiera se están aplicando varios preceptos recogidos en ella.

El texto definitivo de esta norma, que impulsó CHA en cumplimiento del acuerdo de investidura que dio al socialista Javier Lambán la presidencia de Aragón, no atendió a las advertencias que formuló el Estado y un letrado de las Cortes al conocer el contenido de la proposición de ley que se estaba tramitando.

Ni siquiera se dudó a la hora de referirse a la Comunidad como "nación", en plena vorágine independentista en Cataluña, vulnerando el artículo 2 de la Constitución, que se dicta la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". El PP sostiene, en el recurso ante el Constitucional, que resulta "llamativa" la referencia a nación, y considera que no solo se refiere al devenir histórico sino que se quiere conferir un valor actual.

Los derechos históricos

Uno de los aspectos más polémicos hace referencia a los "derechos históricos" que la norma cuestionada sitúa en "el pueblo aragonés" (artículo 2) y que considera "anteriores a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la legislación emanada de la Unión Europea" (artículo 4). Estos criterios harían que la ley de derechos históricos prevaleciera sobre la Carta Magna, un precepto que resultaría inconstitucional.

También se ataca una competencia exclusiva del Estado e incluso estatutos de autonomía de otras comunidades en el artículo 26.1 al señalar que "Aragón tiene el derecho histórico a participar de forma preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, así como en su Patronato". Y el propio Gobierno central ya advirtió, tras la toma en consideración de la norma en julio de 2017, que Aragón se extralimitaba en el tratamiento del patrimonio expoliado y emigrado. La ley de derechos históricos recoge en el artículo 25.1 que "el pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio" cuando, en realidad, la DGA no podría actuar ni en el patrimonio del Estado, ni en el de otras comunidades autónomas ni en el de los entes locales.

El preámbulo de la norma afirma que "Aragón, mediante la presente ley, proclama su condición de territorio foral por legitimidad histórica y porque lo dispone su Estatuto de Autonomía", a pesar de que el letrado de las Cortes advirtió de que la Constitución solo brinda esta condición a País Vasco y Navarra. Son variadas las críticas que suscita este preámbulo por sus imprecisiones históricas, como la inclusión del polémico término "nación", que se gestó en la Revolución Francesa, como apuntó el catedrático de Derecho Civil, José Luis Moreu.

El PP, que considera inconstitucional la norma de forma íntegra, hace especial hincapié en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31 y 33, las disposiciones adicionales segunda, tercera y sexta y las disposiciones finales primera y cuarta. El Estado aún debe dar a conocer cuáles son los artículos sobre los que discrepa para poder iniciar la negociación con el Gobierno de Aragón.