Avance en la reforma del ICA

El Gobierno de Aragón asumirá parte del Impuesto de Contaminación de las Aguas para poder reducir el recibo del contribuyente.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, en imagen de archivo.
El presidente de Aragón, Javier Lambán.
Efe

PSOE y Podemos están acercando posturas para reformar el controvertido Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). En principio, la DGA asumirá a fondo perdido una parte del ICA para rebajar el recibo al contribuyente. Estos primeros acuerdos para una reforma que el presidente Lambán ya anunció en febrero representan un paso en la buena dirección.

Ante la presión de miles de ciudadanos y de varias organizaciones sociales, el Ejecutivo de la Comunidad ha cedido en sus planteamientos iniciales y avanza ya en la reforma del ICA. Los socialistas se han visto obligados a flexibilizar su postura ante la rebelión vivida en la capital aragonesa, en la que 89.900 zaragozanos se han negado a pagar un tributo que se gira en el resto de la Comunidad desde hace años. El propio Ayuntamiento se ha resistido durante años a facilitar los datos necesarios para su cobro, pues son muchas las personas que consideran que el ICA en Zaragoza no está justificado, debido a que los vecinos ya sufragaron la construcción de las depuradoras y abonan el coste del saneamiento en el recibo del agua.

Las negociaciones entre PSOE y Podemos avanzan, pues, en la buena línea. No obstante, es importante que la filosofía del gravamen quede clara para que se comprenda su naturaleza, que no es otra que la atención y cuidado sobre el ciclo integral del agua. Igualmente, debe manifestarse su carácter solidario para con todo el territorio aragonés. Sería muy positivo que todos los partidos hicieran sus aportaciones para encontrar la mejor solución. Es lógico que Zaragoza sea solidaria con el resto de Aragón en la financiación de las exigencias medioambientales. Pero, por eso mismo, la DGA debe hacer un esfuerzo extra para explicar a los zaragozanos por qué el ICA es el método adecuado para cumplir con la obligación de depurar las aguas, que la propia normativa de la UE adjudica a los usuarios.