Un desierto demográfico

Hoy se reúnen en Zaragoza seis presidentes para reclamar una mejora en el modelo de financiación

El presidente de Aragón, Javier Lambán, en una imagen de archivo.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, en una imagen de archivo.
Efe

La reunión que hoy mantendrán en Zaragoza seis presidentes de comunidades españolas aquejadas de graves problemas de despoblación supone una excelente oportunidad para insistir y hacer ver al Ejecutivo de Pedro Sánchez la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Sin una correcta relación entre el presupuesto disponible y el coste de los servicios, una gran parte del territorio nacional está condenado a convertirse en un desierto demográfico

Los seis presidentes que hoy se reúnen en Zaragoza (Alberto Núñez Feijóo, Galicia; Javier Fernández, Asturias; José Ignacio Ceniceros, La Rioja; Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha; Juan Vicente Herrera, Castilla y León, y el aragonés Javier Lambán) representan a 4.463 municipios, lo que supone el 55 por ciento del total nacional. En este importante porcentaje solo vive el 22 por ciento de la población, una evidencia que traduce el significativo desequilibrio territorial que existe en España. Sin una correcta financiación autonómica que pueda atender los muchos problemas que poseen estos territorios (población envejecida, alta dispersión poblacional, etc.) se hace imposible corregir las desigualdades existentes. Poder situar a todos los españoles en un plano de igualdad habría de ser una prioridad para cualquier gobierno. Ignorar o, en su defecto, relegar este requisito no hace sino consolidar un escenario de agravio que frena las posibilidades de crecimiento, forzando a sus habitantes al abandono del territorio y dejando a los más jóvenes sin posibilidad de labrarse un futuro en el lugar donde nacieron. En este mismo sentido resulta absolutamente incomprensible que a las limitaciones dinerarias se añada una liquidación incompleta del IVA de 2017. No transferir el dinero del mes de diciembre recaudado por este concepto (en el caso de Aragón el montante se cifra entre 70 y 100 millones de euros) es tan absurdo como perjudicial.

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