La tensión preelectoral y el recurso contra la ley de capitalidad marcan el inicio del curso en Zaragoza
El bloqueo en las sociedades y la investigación penal por Ecociudad serán las primeras piedras de toque. ZEC confía en acabar la reforma del Mercado Central antes de los comicios de mayo.
Más vale que los próceres hayan cogido fuerzas durante sus días de asueto porque todo apunta a que las van a necesitar. El curso político que ahora comienza se presenta complicado porque hay elecciones a la vuelta de la esquina serán el 26 de mayo y porque el golpe de ZEC a las sociedades apoyándose en un artículo de la ley de capitalidad ahora recurrida rompió una baraja que parece poco probable que se pueda recomponer.
Son muchos, pero muchos, los frentes abiertos y se antojan muy escasos los nueve meses que restan hasta final de mandato para ir cerrándolos. Además, hay que sumar las tensiones preelectorales, dado que a estas alturas los candidatos a la alcaldía todavía están por confirmar. El PSOE, por ejemplo, anda inmerso en un arduo proceso de primarias, cuyo resultado por sus siempre imprevisibles bases es un incógnita mayúscula. Cs tampoco tiene un candidato claro y en el PP todo apunta a que el aspirante será Jorge Azcón. En CHA, salvo sorpresa en las primarias, Carmelo Asensio será el aspirante.
Más complejo es el proceso que tendrá que afrontar ZEC, porque las encuestas les auguran un drástico recorte en el número de concejales ahora son nueve y hay que empastar muchas sensibilidades diferentes (Podemos, IU, comunes, Equo, Puyalón...) para cuadrar su candidatura, para la que hoy por hoy nadie piensa en otro candidato que no sea Pedro Santisteve.
Mal harían los partidos, no obstante, en centrarse en sus batallas internas y en dejar desatendida una ciudad que tiene una infinidad de temas pendientes. Para empezar, el conflicto de las sociedades, en donde continúan bloqueados 12,3 millones, que incluso amenazan con no estar disponibles incluso para pagar las nóminas de los entes autónomos.
Otro asunto no poco importante es la negociación de las ordenanzas fiscales (el IBI residencial, las desorbitadas plusvalías...), que en los últimos años han evidenciado la minoría del gobierno de ZEC y no parece que este 2018 vaya a ser diferente. También en pocas semanas debería conocerse la resolución de la investigación penal abierta contra todo el gobierno por el despido del exgerente de Ecociudad, lo que supone una espada de Damocles insufrible para Santisteve y su equipo.
Salvo que se saquen nuevos conejos de la chistera (como el conato de peatonalización de Don Jaime), ZEC tiene muchas esperanzas en la reforma del Mercado Central, pero los plazos van apurados y se corre el riesgo de que la nueva lonja no puedan inaugurarse antes de las elecciones. Otra marca de la nueva política es la de los presupuestos participativos, pero este año les han salido rana y hasta los barrios se han rebelado contra el proceso. Mañana hay convocada una comisión extraordinaria para ratificar las propuestas de ciudad, que los grupos de la oposición tumbaron en julio.
El retraso del Plan de Movilidad, el hipotético carril bici del paseo de María Agustín, las inmatriculaciones o la paz social de las contratas (protestas en la del bus, remunicipalización de la depuradora de La Almozara, el mantenimiento de los parques y jardines...) son otros asuntos candentes.
Todo estará supeditado a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del artículo impugnado de la ley de capitalidad (el 14.1), del que se sirvió ZEC para expulsar a la oposición de las sociedades. La medida sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis que ha colapsado la gestión durante meses. La decisión del Constitucional se venderá por unos y otros como una épica victoria o una estrepitosa derrota.
