Casi todo se puede intentar justificar. Pero al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril le resultará complicado convencer al tribunal de que los 415.180 euros en efectivo que la Policía encontró el 14 de agosto de 2013 bajo un colchón de su apartamento de Salou tenían un origen lícito. Desde luego, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está convencida de que todos aquellos billetes (310 de 500€, 220 de 200, 466 de 100, 3.241 de 50 y 366 de 20, aunque también se recogieron monedas) serían fruto de las supuestas dádivas y comisiones que el acusado habría recibido durante su etapa al frente del complejo logístico. De hí que este dinero pueda ser decisivo como prueba de cargo en el juicio que comienza el próximo 1 de octubre.

Pero los abogados de Becerril están dispuestos a demostrar que esta importante suma se logró de forma legal. "Daremos las explicaciones oportunas durante la vista", explicaba ayer el letrado José María Gimeno del Busto. En dos comparecencias ante el juez instructor, el principal encausado del caso Plaza ya dijo que este dinero procedía de los cursos, publicaciones y asesoramientos que llevó a cabo en países como Colombia, Ecuador, México y Brasil. Pero lo cierto es que cuando el fiscal José Grinda le preguntó la última vez si podía justificar con algún documento, factura o contrato su versión, Becerril guardó silencio. Finalmente, reconoció que le resultaba imposible.

Pero Plaza, que ejerce la acusación particular como perjudicada, cree que Becerril pudo amasar hasta un millón de euros de forma ilícita durante los diez años que ejerció el cargo de gerente. De hecho, le acusa de reformarse el apartamento –que tenía a nombre de sus hijas, también encartadas– a costa de la UTE de Plaza, y de hacer lo propio con el chalé del padre de su suegro. Y a estos gastos suma otros muchos vinculados a sus supuestos ‘apaños’ en Plaza.