Una comisión especial estudiará el futuro del rastro a partir de septiembre durante tres meses

ZEC cree que "las conclusiones están pactadas" y el PP teme que cambien la ubicación "vía decretazo"

Una de las votaciones en salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Una comisión especial estudiará el futuro del rastro a partir de septiembre durante tres meses
Marco

El futuro de la venta ambulante en Zaragoza comenzará a dilucidarse a partir de septiembre. Será entonces cuando se convoque por primera vez la comisión especial propuesta conjuntamente por el PP y Ciudadanos, y que ayer en el pleno contó con el voto favorable del PSOE y con la oposición de ZEC y CHA. El portavoz popular, Jorge Azcón, explicaba que este encuentro es necesario para poner algo de orden en un debate que se estaba atomizando por diversos foros. A su juicio, la comisión especial "tiene unas reglas claras ajenas a las trampas a las que ZEC nos tiene acostumbrados" y, además, "sus conclusiones se reunirán en un dictamen que se votará en el salón de plenos".

La responsable de Mercados, Teresa Artigas, rechazó la comisión alegando que "todos sabemos que las conclusiones se pactarán de antemano" y dijo que "solo servirá para continuar cizañeando y diciendo lo malvado que es el gobierno de ZEC". Considera Artigas que "lo importante es dignificar la venta ambulante" y cree que el Consejo de Ciudad, donde también se debatirá el asunto a partir de septiembre –ahora con una hoja de ruta–, es el foro adecuado como máximo órgano de participación.

Toda la oposición recordó al equipo de gobierno que la primera moción para crear una mesa de trabajo sobre el rastro se aprobó en febrero y lamentó que en cinco meses no se haya hecho nada. La socialista Lola Ranera, incluso, acusó a Teresa Artigas de mentirle en la comisión del 5 de abril, cuando le negó que existiera expediente alguno sobre este asunto y luego apareció un dosier de más de cien páginas con el estudio de posibles ubicaciones para el traslado de los vendedores. El PSOE acabó apoyando la comisión especial, después de que C’s y el PP aceptaran su transacción para "flexibilizar" el formato de este encuentro y que no fuera un desfile de comparecientes –vendedores, técnicos, consumidores...– sino que pudiera abrirse un debate entre ellos. Este fue precisamente el argumento que sirvió a CHA para votar en contra de la comisión, porque no quieren los nacionalistas "una mesa de monólogos", sino un grupo de trabajo. No obstante, la edil Leticia Crespo admitió que "el último Consejo de Ciudad fue un desastre porque el gobierno fue sin propuesta alguna" y criticó a ZEC porque su gestión sobre el rastro "solo ha servido para desinformar y enfrentar a los vendedores y los representantes de los barrios".

Por su parte, Alberto Casañal (C’s) puso el acento en que fueron las propias entidades sociales las que rechazaron crear una mesa de trabajo en el Consejo de Ciudad "porque allí realmente nadie sabía lo que se estaba votando". Así, explicó que con la comisión, durante tres meses, se escucharán todas las voces implicadas en un asunto, que también tiene la derivada de la venta ilegal y de los planes del gobierno para regular a un centenar de los ambulantes que venden su mercancía de madrugada sin pagar las debidas tasas.

Jorge Azcón (PP) y Teresa Artigas (ZEC) protagonizaron los momentos más tensos del debate con acusaciones cruzadas de exhibir prejuicios y hacer aportaciones nada constructivas. También salió a relucir la reunión que se celebró el pasado martes en la Cámara de Comercio, donde el gobierno municipal –representado por Artigas– se comprometió a desarrollar un plan de actuación en la actual ubicación del parquin norte de la Expo, dotando este espacio de pérgolas para la sombra, juegos infantiles, paravientos, más frecuencias de buses... Tras incorporar estas mejoras –supuestamente– el gobierno evaluaría si el mercado resultaba más atractivo para los clientes o si era necesario adoptar alguna otra decisión.

"¿Qué va a hacer ZEC? ¿Cumplir su acuerdo con la Cámara de Comercio o cambiar la ubicación del rastro con un decretazo unilateral?", preguntó Azcón, que apuntó que esos meses extra de mejoras y evaluación conducirían "al fin del mandato y eso significaría que se han perdido cuatro años". Artigas insistió en que la comisión "solo servirá para hacerse trampas al solitario" y pidió encarecidamente al PSOE que reconsiderara su apoyo. Los socialistas respondieron que no son tan incautos como para creerse las promesas de ZEC.

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