Un juez de Alicante enviará a Zaragoza la causa de unos ladrones de tarjetas bancarias
La mayoría de los delitos fueron cometidos en la capital aragonesa. Los ladrones observaban el pin de la tarjeta, la sustraían al descuido y después la utilizaban en establecimientos y cajeros de la ciudad.
Un juzgado de Instrucción de Alicante derivará a otro de Zaragoza una investigación sobre una banda de ladrones especializada en el robo de tarjetas de crédito, han confirmado fuentes judiciales.
Así lo ha decidido un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un auto fechado este mes que resuelve la cuestión de competencia que enfrentaba a ambos órganos judiciales.
Aunque los sospechosos fueron apresados en Alicante, donde residen, los delitos más importantes que se les atribuye tuvieron lugar en Zaragoza, resume la resolución.
De hecho, fueron agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital aragonesa los que iniciaron las pesquisas este mismo año con un atestado que detallaba varias sustracciones de tarjetas de crédito que eran utilizadas luego en cajeros automáticos y comercios de esa ciudad.
Los presuntos ladrones residían en Alicante y solían desplazarse a diferentes lugares de España con vehículos alquilados por terceras personas para dificultar su identificación, tal y como recoge la resolución.
Elegían a una víctima y observaban el número pin que había tecleado para comprar o sacar dinero con su tarjeta, se la robaban, generalmente al descuido, y la usaban para pagar en establecimientos o efectuar extracciones en efectivo.
Los sospechosos fueron detenidos en Alicante el pasado mes de febrero y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de esta ciudad.
La Policía les atribuye diferentes delitos por el mismo modus operandi, además de en Zaragoza y Alicante, en ciudades de las provincias de Cáceres, Málaga y Valencia.
La titular del juzgado alicantino se inhibió de forma inmediata de la causa a favor del Juzgado de Instrucción 2 de Zaragoza, pero éste rechazó asumir las diligencias, lo que llevó a la primera a plantear una cuestión de competencia.
El Supremo le ha dado ahora la razón con el apoyo de la Fiscalía y ha ordenado al juzgado zaragozano que se encargue de la investigación.
