Las revisiones de precios del contrato de limpieza pública, que gestiona FCC, amenazan con convertirse en todo un lastre para las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó el pasado 25 de junio tres sentencias que condenan al Consistorio a pagar un total de 17 millones de euros a la empresa, más los intereses de demora que se han generado.

Estas tres sentencias afectan a las revisiones de precios que habría que haber aprobado entre 2009 y 2013, pero sus efectos económicos podrían ir más allá. Según ha apuntado este miércoles la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, que ha hecho públicos estos hechos, las consecuencias de los fallos judiciales en las facturas que hasta ahora ha pagado el Ayuntamiento podrían suponer que las arcas municipales tengan que asumir un total de 50 o 60 millones de euros. El gobierno de ZEC está valorando si recurre al Supremo estas sentencias, aunque ya avanzó ayer que no comparte su contenido.

Las tres recientes sentencias obligarían a pagar a FCC 17 millones de euros, aunque según Ciudadanos el Consistorio ya habría abonado 10, por lo que restarían de abonar 7. “Pero además habría que revisar todas las facturas que se han estado pagando hasta ahora, porque se han pagado a precios de 2008”, ha dicho Fernández, quien ha cifrado en “26 millones” este coste adicional.

A esto hay que añadir que, según su información, la empresa ha pedido por escrito al Ayuntamiento las revisiones de precios de 2014, 2015 y 2016, y tiene pendientes de solicitar las de 2017 y 2018. Si se siguen los criterios que han tenido los tribunales, podría suponer “16 o 18 millones más”, ha dicho la portavoz de Ciudadanos. Los intereses de demora generados por todo esto supondrían un nuevo ‘pico’ más a la factura global, que alcanzaría una magnitud multimillonaria.

Fernández ha pedido al gobierno municipal que aclare “qué va a hacer con estas sentencias”. “Si no recurren, nos gustaría saber cómo hará frente a la deuda”, ha solicitado.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha señalado que la discusión es “si computa o no la mano de obra” a la hora de calcular las revisiones de precio. El edil de ZEC recordó que en otras sentencias, por conflictos con Auzsa, los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, por lo que a su juicio se trata de fallos “contradictorios”. De hecho, fuentes municipales han confirmado que están estudiando la posibilidad de recurrir a casación.

Aunque el gobierno esperará a los informes de la asesoría jurídica, Cubero ha avanzado que no comparte los criterios del TSJA, ya que a su juicio las mejoras salariales de los trabajadores “deben partir de la negociación y el acuerdo sindical, y de los beneficios de las empresas”, y no de las arcas municipales.