La Fiscalía archiva la denuncia sobre el presunto ingreso involuntario de una mujer en una residencia

El juez avala el internamiento decidido por su familia y denunciado por el Justicia de Aragón, ya que la mujer no puede gobernarse por sí misma.

Imagen de archivo de los juzgados de lo civil de Zaragoza.
Imagen de los juzgados de lo civil de Zaragoza.
Heraldo.es

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 13, Armando Barreda, ha ordenado el ingreso en una residencia de la mujer que supuestamente había sido llevada a un centro en contra de su voluntad. Una amiga de la señora comunicó este hecho el pasado mes de mayo ante el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, quien, a su vez, lo denunció a la Fiscalía al apreciar indicios de un presunto delito de retención ilegal cometido por los familiares de la mujer.

Ahora, después de que los sobrinos hayan tenido que demostrar que su tía tenía ya un historial médico que recomendaba su ingreso (sufrió un ictus y padece alzhéimer) y que fue contenta y voluntariamente a la residencia, el magistrado de Primera Instancia ha respaldado el ingreso acordándolo como medida cautelar previa a su incapacitación.

Tras conocer el auto judicial, desde la Fiscalía explicaron que se van archivar las diligencias abiertas por la presunta retención ilegal. Estas fuentes señalaron que cuando recibieron la queja del Justicia de Aragón se trasladó a la sección civil de la Fiscalía y se pidió información a la residencia sobre el historial de la mujer.

Paralelamente a este proceso y ante la inesperada denuncia, sus familiares, que llevaban tiempo tramitando el expediente de incapacidad de su tía sin ningún tipo de oposición, se vieron abocados a solicitar la autorización judicial para su ingreso, lo que hicieron a través de su abogada, Sonia Ballesteros.

La letrada explicó que los sobrinos, que son quienes cuidan de ella desde hace tiempo, se llevaron un gran disgusto al enterarse de que habían sido denunciados, cuando los médicos habían recomendado su ingreso al no poderse manejarse ya con su cuidado personal y su medicación y había accedido voluntariamente a ir al centro de mayores. De hecho, la señora ha permanecido allí durante todo este tiempo y nunca ha tenido intención de salir.  

De esta forma se cierra el primer expediente que fue judicializado por el nuevo Justicia de Aragón. Fuentes de la institución manifestaron que no tenían constancia de la resolución del asunto, ya que habitualmente no les dan traslado de cómo se resuelven finalmente las quejas que llevan a la Fiscalía.

El relato de la amiga

Igualmente, señalaron que los indicios de delito los apreciaron en el relato que hizo la amiga de la mujer. Esta dijo que mantenía contacto diario con la afectada y que después de ir varias veces a su casa y no encontrarla, se enteró de que los sobrinos la habían llevado a un centro de mayores sin su consentimiento, siendo que, en su opinión, se encontraba bien físicamente y en pleno uso de sus facultades mentales.

Cuando se presentó la denuncia, la secretaría general técnica de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón no había recibido ninguna reclamación sobre este caso concreto, aunque subrayaron que pensaban visitar el centro y recabar la información precisa.

Habitualmente, el servicio de Inspección de Centros analiza si las residencias cumplen sus obligaciones en materia de consentimiento personal, preciso para que los ciudadanos estén en un centro residencial. Las normas establecen que todo ingreso en un centro residencial debe hacerse por voluntad del ciudadano o en su caso por su representante legal si fuera el caso que estuviera sometido a tutela.

En el caso denunciado ante el Justicia, se ha demostrado que la mujer fue ingresada con su consentimiento y antes de perder su capacidad de decisión, al tiempo que se tramitaba judicialmente su incapacidad.

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