Las confederaciones hidrográficas del Ebro, el Tajo y el Júcar han sancionado a 19 municipios aragoneses que, teniendo depuradora, no han alcanzado los parámetros de calidad de las aguas exigidos. Las multas, impuestas entre 2015 y 2018 por superar los límites de vertido autorizados, suman más de 170.000 euros y afectan a las tres provincias.

Los datos del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente revelan que en los tres últimos ejercicios se ha sancionado a siete localidades de Huesca, cinco de Zaragoza y nueve de Teruel. Dos corresponden a infracciones graves y 19, a incidentes leves. Destacan los casos de Zaragoza, que ha tenido que abonar 60.748 euros por los vertidos de la planta de La Cartuja, o las tres sanciones que acumula Binaced, que suman 79.910 euros.

También ha habido problemas en Bierge, Sariñena, Cuarte de Huerva, Mequinenza, Teruel, Escucha o Albentosa. Estos municipios se unen a aquellos que no tienen depuradora, pagan el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y han sido sancionadas por la CHE.

Las incidencias han provocado daños ambientales de más de 45.000 euros en Aragón. Los más graves se han registrado en Zaragoza (21.448 euros) y en Binaced (21.463), aunque también los ha habido en Naval (789,79), Mora de Rubielos (111,97) o Galve (45,55).

En Zaragoza, la sanción hizo que el Ayuntamiento y la contratista de la depuradora de La Cartuja, la empresa Utedeza, acabaran en los tribunales. La CHE impuso al Consistorio una multa de 60.748 euros y este respondió con otra de 278.000 a Utedeza, una cuantía que la Justicia ha rebajado recientemente hasta los 139.405 euros. La firma justificó que las deficiencias advertidas en los índices de depuración durante el año 2015 se debían "al mal estado de la decantación secundaria", una situación de la que el Consistorio, según dice la sentencia, es "corresponsable".

Los tres incumplimientos detectados por la Confederación en Binaced "vienen todos de una empresa". Lo asegura su alcalde, Juan Latre. Se trata de la conservera instalada en la localidad, que arrastra problemas desde hace ya varios años. "Pero me consta que están trabajando para solucionarlos, están haciendo una inversión muy fuerte para ampliar la depuradora propia de la fábrica. Están por la labor y hay buena relación", recalca el regidor, que reconoce estar "aliviado" por que la problemática vaya a resolverse este mismo año. Los picos se producen siempre en momentos de "mucha producción en un corto espacio de tiempo". Latre admite que sanciones como estas "desequilibran" las cuentas municipales. "Son gastos que no te esperas. Fastidian bastante", dice.

Javier Carbó, alcalde de Escucha, achaca el incumplimiento a la actividad industrial de Genepol. "A veces genera puntas que la depuradora no tiene capacidad de absorber", explica. Aunque las incidencias "son puntuales", reconoce que en 2015 sí hubo un problema generalizado. "El Ayuntamiento sigue en conversaciones con la empresa. Ellos mismos han tratado de poner remedio y ahora utilizan menos agua. Los 450 euros que tuvimos que pagar son lo de menos. El problema estaría en que los vertidos fuesen continuos", añade.

Fue el pueblo, señala Carbó, quien tuvo que asumir la multa, ya que "en el momento en que se mezclan las aguas es imposible pedir responsabilidades". Otro aspecto a tener en cuenta es que la depuradora actual no tendría capacidad para que otra empresa similar se instalase en la localidad, un impedimento que puede perjudicar a su crecimiento.

En busca de soluciones

Jesús Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva, también tiene claro el origen del problema. "Se da si llueve mucho. Las cámaras de registro se llenan y se producen vertidos al río en momentos puntuales", afirma. Las grandes tormentas hacen que los sumideros se colapsen y las tuberías no den más de sí. "También hay alguna empresa un poco pirata que realiza vertidos ilegales. En cuanto se detectan, el Ayuntamiento actúa para resolver la situación", expone. En todo caso, el Consistorio trabaja ya para desdoblar el vertido y evitar contratiempos como estos. "Otro problema son las toallitas, que a veces crean tapones. Todas las semanas limpiamos las cámaras por precaución", dice.

Superar los límites de vertido es una de las causas más destacadas de incumplimiento entre los municipios que depuran sus aguas, pero no la única. Los ayuntamientos también se enfrentan a sanciones en caso de no tener autorización, aunque estos casos, apuntan desde la CHE, son más residuales.

Fuentes de la Confederación confirman que las denuncias "son habituales", aunque "pocas" en relación al número de vertidos autorizados en la cuenca. "La mayoría son leves o menos graves", señalan las mismas fuentes. En caso de registrar un incumplimiento leve se envía un requerimiento al Ayuntamiento para que explique la causa y las acciones correctivas que ha puesto en marcha para subsanarla.

"Si nos convence, la mayoría de las veces no iniciamos expediente, pero con las graves, aquellas que acarrean daños al dominio público hidráulico, abrimos uno de inmediato", apuntan. Reconocen, en todo caso, que por norma general, la explotación de las depuradoras suele ser "bastante buena" en Aragón.