El último enfrentamiento entre el gobierno de ZEC y el resto de grupos se ha saldado a favor de la oposición. Los dos máximos órganos de control de la legalidad y la fiscalización económica del Ayuntamiento de Zaragoza, el secretario general y el interventor, han dejado sin sostén jurídico el decreto con el que el concejal de Economía, Fernando Rivarés, quiso dejar sin efecto la propuesta aprobada por PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, que establecía la tutela por parte del pleno de los presupuestos de las sociedades municipales. Es más, el secretario llega a considerar que la decisión de Rivarés "no se ajusta a derecho".

Se trata del enésimo capítulo de la crisis política e institucional en la que está inmerso el Consistorio desde que en febrero el alcalde, Pedro Santisteve, expulsó a parte de los ediles de la oposición de las empresas municipales para hacerse con la mayoría en los consejos de administración, que hasta ese momento reflejaban el resultado de las urnas. Aquella decisión tuvo respuesta de la oposición, que aprobó en marzo una moción que declaraba que las empresas públicas no podían disponer de sus presupuestos durante tres meses si no había autorización previa del pleno. El 29 de mayo Rivarés firmó un decreto que consideraba la moción "legalmente improcedente" y acordó dejarla sin efecto.

Ante esto, la oposición calificó el "decretazo" de Rivarés de "aberración jurídica" y solicitó sendos informes al interventor y al secretario. Los dos órganos municipales son concluyentes y, además de avalar la moción impulsada por la oposición, rechazan el procedimiento seguido por ZEC para anularla. El interventor, José Ignacio Notivoli, deja claro que no se le ha dado traslado del decreto de Rivarés, como sería preceptivo, por lo que la moción aprobada por la oposición sería plenamente efectiva. Además, recuerda que en el pleno del viernes se aprobó otra iniciativa de bloqueo de fondos de las sociedades –para que su duración fuera indefinida–, que dejaba "sin objeto" el decreto.

El secretario general del pleno, Luis Giménez Abad, es más contundente en sus argumentos. Dice que la moción era efectiva desde su primera aprobación en marzo y recuerda que era obligación del gobierno su tramitación, así como la solicitud de informe al interventor. "Del expediente se desprende que ese trámite no se ha seguido", dice el secretario, que indica que por tanto se desconoce la posición del interventor respecto a la viabilidad del acuerdo plenario.

Añade que lo que Rivarés hace es dictar un decreto que "directamente dispone no iniciar el expediente" y que va "en contra de lo acordado por el pleno". Esta cuestión es relevante, dado que el decreto de Rivarés deja sin efecto un acuerdo de indisponibilidad del presupuesto de las sociedades, decisión que solo puede adoptar el pleno y para la que el gobierno no es competente. Además de recordar que el decreto de Rivarés no incluye el dictamen preceptivo del interventor, el secretario cita que no hace referencia a ningún otro informe jurídico.

El secretario recuerda al gobierno que si quería anular la moción aprobada por el pleno solo cabían tres vías: la administrativa –que no se utilizó–, el recurso judicial –que presentó el concejal de ZEC Pablo Muñoz pero que después retiró– o la revisión de oficio, que tampoco se ha planteado y que en cualquier caso debería resolver el pleno. El informe del secretario sostiene que no existen otras vías para impugnar un acuerdo de indisponibilidad de créditos, que "se presume válido y eficaz y produce efectos jurídicos". Por eso, concluye que "la anulación o revocación" de la moción no está "ajustada a derecho". También afirma que no es "adecuado" a la normativa la decisión de no solicitar el informe preceptivo del interventor para completar la tramitación del expediente. Según el secretario, al igual que sostiene el interventor, en este momento la declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de las sociedades municipales está vigente por un periodo de tiempo indefinido, tal y como acordó el pleno el pasado viernes.