Tras semanas de tensión, el Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa para que la comisión bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza se convoque a finales de este mes y resuelva algunas de las cuestiones que separan a las dos administraciones. Pero antes de llegar a un acuerdo, pone una "condición sine qua non": que se alcance un convenio sobre el impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) que abra la vía para que la DGA pueda recaudar el tributo sin trabas en la capital.

El Ejecutivo envió una carta el pasado jueves al concejal de Economía, Fernando Rivarés, en el que se incluían algunos de los aspectos que debería incluir el orden del día de la comisión bilateral. El punto más destacado para la DGA es la aprobación de una propuesta de convenio sobre el ICA, que podría incluir entre 2 y 4 millones para obras. El Ejecutivo autonómico defiende además que esa cuantía se podría destinar, si el Ayuntamiento así lo considerara oportuno, a compensar una reducción del recibo de la depuración de aguas.

Fuentes consultadas explicaron que el Ejecutivo no cerrará ningún otro acuerdo si antes no se resuelve este asunto, y eso afecta a varias de las reivindicaciones municipales, como los usos en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar o el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.

Para el Gobierno de Aragón, es imprescindible que el ICA salga del debate partidista, no se convierta en arma electoral y se conduzca por el carril de la lealtad institucional. Para eso es necesario que el Ayuntamiento entregue las facturaciones en la ciudad y se pueda cobrar el recibo con normalidad, después de las múltiples complicaciones que se han producido en los últimos meses. En este momento, por ejemplo, el Ayuntamiento todavía no ha facilitado los datos para cobrar el recibo de 2017.

El orden del día planteado por el Ejecutivo incluye, además del ICA, de la constitución de la comisión bilateral y su reglamento, otros asuntos. Uno de ellos es la elaboración de las bases para la firma de un convenio económico financiero, para establecer las transferencias económicas previstas en la ley de capitalidad hasta 2020 (este año, 8 millones de euros de fondo de capitalidad y 13 millones en convenios sociales).

Un aspecto novedoso que quiere incluir el Ejecutivo autonómico es un convenio para impulsar el coche eléctrico en la capital aragonesa. Hay que tener en cuenta que la DGA dispone en sus presupuestos de 500.000 euros para desarrollar estos nuevos vehículos, a los que se podrían sumar los 500.000 euros que incluyeron las cuentas municipales para cargadores en la vía pública. El Ejecutivo defiende que bien a través de Ebrópolis o del clúster de la automoción se puedan sumar estas cantidades para desarrollar esta nueva fórmula de movilidad.

En la comisión bilateral, se abordará la cuestión del polémico artículo 14 de la ley de capitalidad, que se aprobó en diciembre y que ha servido a ZEC para dar un golpe de mano en las sociedades municipales, al expulsar a parte de los concejales de la oposición de los consejos de administración con el objetivo de hacerse con la mayoría en los consejos de administración. La DGA defenderá el contenido a la ley, al igual que ZEC, pero la cuestión de inconstitucionalidad, que estaba estudiando el Gobierno del PP, ha quedado en el aire a la espera de que Pedro Sánchez nombre nuevo ministro de Administraciones Públicas.

Las peticiones municipales

A los asuntos que el Gobierno de Aragón quiere incluir en el orden del día de la comisión se suman los que transmitió el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de febrero. El Ayuntamiento hizo hincapié en que haya un uso compartido de los juzgados de la plaza del Pilar, actualmente vacíos. De hecho llegó a paralizar una licencia de obras a la DGA_con el objetivo de lograrlo. Además, el Ayuntamiento necesita cerrar la financiación de la segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla Valmadrid, un proyecto que lleva dos años paralizado a la espera de 11,3 millones de financiación autonómica. Pero la DGA pide que se resuelva antes el conflicto del ICA.