La Policía Local alerta del robo o deterioro de más de 500 vallas y señales en tres años

Más de medio millar de vallas y elementos de señalización móvil han desaparecido o han sido inutilizadas en Zaragoza desde que este servicio –junto con el de la grúa municipal– fue adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa Dornier. Así lo advierte al menos la Policía Local en un informe en el que se alerta de los problemas que estos robos y daños están provocando en el día a día de la ciudad, así como el gasto que conllevan para las arcas públicas. Por ello, el Consistorio estudia soluciones, como fijar fianzas a los organizadores de eventos que solicitan este tipo de material para que hagan frente a los costes en caso de desaparición.

El documento policial, firmado el pasado 10 de octubre, refleja que desde la adjudicación del servicio de señalización en enero de 2015 se han extraviado 314 vallas metálicas, 137 placas de estacionamiento prohibido, 24 de entrada prohibida y 11 de sentido obligatorio, así como 36 conos de balizamiento, 11 linternas y otros 8 distintivos. Este informe, junto a otro similar sobre las irregularidades en el servicio de grúa, llegó a la Oficina de Control Financiero del Consistorio, que inició una investigación.

Los técnicos municipales mantuvieron una reunión con los responsables de Dornier, quienes reconocieron que habitualmente el volumen de extravíos o sustracciones es muy elevado, pero dado que este material no lleva el logotipo de la empresa, sino el del Ayuntamiento, no pueden reclamar su devolución, por lo que consideran que no deben asumir todos los gastos de reposición, según recoge el informe del interventor.

La disputa no es menor. Entre 2015 y 2017 el Consistorio tuvo que hacer frente a un gasto adicional de 83.000 euros para cubrir las necesidades de señalización ante los robos y daños perpetrados en las calles de la capital aragonesa. Los servicios municipales señalan que este material es requerido por diferentes entidades y organizadores carreras populares y pruebas deportivas (unas 75 al año), mudanzas, actos populares y religiosos... Cientos de eventos que dejan expuestas las vallas y señales al vandalismo si no se vigilan o se retiran al poco de finalizar la actividad. Solo en los últimos días se han recuperado tres elementos de este tipo de las aguas del Canal Imperial.

Soluciones

Para poner fin a las pérdidas materiales y económicas, tanto de la empresa como del Ayuntamiento, el interventor propone dos soluciones. Por un lado, "teniendo en cuenta que el material se suministra a terceros para eventos de todo tipo" y que los organizadores "tienen una responsabilidad", se plantea la opción de establecer la obligatoriedad de "algún tipo de garantía al objeto de evitar la pérdida del material".

A su vez, la Oficina de Control Financiero considera "conveniente" que el órgano de contratación interprete el pliego de la adjudicación, ya que si bien refleja la obligación de la empresa de hacer el mantenimiento del material para que se encuentre en perfecto estado, "no se prevén expresamente los supuestos de extravíos, deterioros o sustracciones".

Auditoría anual

Esta labor de inspección del interventor municipal es una de las veinte que se presentaron en la última comisión de Economía, y que forma parte de la auditoría anual que realiza la Oficina de Control Financiero. Entre los aspectos que más se discutieron estuvieron los contratos menores, que se dispararon en 2016 al pasar de 2,2 millones de euros a 3,3, o los pagos efectuados sin contrato en vigor, que también aumentaron: de 24 a 33 millones.

Igualmente se analizó la situación del servicio de grúa municipal, que acumula ya cuatro expedientes sancionadores por diferentes irregularidades, como el incumplimiento de los tiempos de respuesta.

Las ordenanzas fiscales no prevén el cobro por su uso

La Policía Local y la empresa adjudicataria del servicio de señalización en Zaragoza, Dornier, hacen frente a numerosas peticiones para utilizar vallas y distintivos de regulación del tráfico y de los aparcamientos. Así ocurre con las pruebas deportivas, las reservas de espacios para obras y mudanzas, o los actos populares en la vía pública de la capital aragonesa. En la mayoría de los casos, se cede a los organizadores el material que requieren, sin coste alguno. La propia Oficina de Control Financiero que ha elaborado la auditoría de este servicio refleja que "no se percibe ningún ingreso" ya que no está recogido el cobro por estos préstamos en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento.

En cambio, dichas ordenanzas sí que establecen las tarifas a cobrar por el servicio de grúa, incluido en el mismo contrato en manos de Dornier. Según los registros, las arcas públicas ingresan cerca de un millón de euros al año por la retirada de vehículos. La ordenanza fiscal 21 establece las tarifas, que desde hace varios años son las más altas de las grandes capitales del país.