El juez aplaza el juicio por el accidente de la Oktoberfest hasta que sane la víctima

El juicio contra el concejal de ZEC Alberto Cubero y otros tres acusados por el accidente ocurrido en la carpa de la cerveza durante las fiestas del Pilar de 2016 ha quedado aplazado hasta que la víctima haya curado o estabilizado las graves lesiones que sufrió. El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, Eduardo Marquina, tenía previsto comenzar este martes la vista oral pero, dado que la mujer todavía continúa en rehabilitación física y psicológica y tiene pendiente una operación del cráneo, el forense le ha comunicado que en estas condiciones no puede emitir su informe, con lo que el magistrado ha suspendido la vista sine die.

La valoración médico legal es fundamental para poder determinar tanto los daños como las secuelas de la víctima y los gastos médicos ocasionados hasta ahora, cuestiones todas ellas que deben tenerse en cuenta para calcular la indemnización económica con la que deberá ser resarcida. De la opinión forense dependerá también la calificación jurídica y las penas que soliciten las partes personadas en el proceso.

El accidente se produjo en la noche del 8 de octubre de 2016 en el recinto ferial de Valdespartera. Elena O., de 37 años y licenciada en Magisterio, estaba sentada en torno a una mesa con más gente y recibió en la cabeza el impacto de una viga de entre 25 y 30 kilos de peso que se soltó de la estructura desde una altura de cinco metros.

La Fiscalía responsabiliza de estos hechos al dueño de la carpa, Luis G. S., y al ingeniero que contrató para que supervisara la instalación, Sergio E. F., les acusa de un delito de lesiones graves por imprudencia y solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 2.400 euros. Además, en el caso del primero, pide que se le inhabilite para ejercer como promotor de espectáculos y hostelería durante la condena y, respecto al técnico, que se le prohiba trabajar como ingeniero durante dos años.

Tras la instrucción del caso, el Ministerio Público decidió no presentar cargos ni contra el concejal Alberto Cubero ni el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Enrique Asensio, al entender que no tenían responsabilidad penal en los hechos.

Sin embargo, la acusación particular, ejercida por los abogados Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, solicitan para el político tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo. La misma acusación hacen contra Enrique Asensio, el dueño de la carpa, Luis G. S. y el ingeniero Sergio E. F., y solicitan para ellos la misma pena de cárcel que el concejal.

Según las acusaciones, el accidente se produjo porque la carpa se montó a pesar de que faltaban diez vigas; el ingeniero no reflejó en su certificado final de obra esa circunstancia; ninguna de las inspecciones paralizó la licencia pese a la ausencia de esas vigas y porque no se hizo un proyecto completo para la tramitación municipal al no justificarse qué normativa era de aplicación.

Los abogados afirman que el dueño de la Oktoberfest, Luis G. S., no hacía ningún mantenimiento de la carpa pese a tener al menos 15 años de antigüedad, ni reponía las piezas deterioradas. Aún así, montó la estructura «a sabiendas de que era un peligro para la salud e integridad física de las personas que iban a disfrutar de su ocio». Mantienen además que el ingeniero firmó el certificado final de obra aunque era «consciente» de que estaba certificando una carpa de «manera indebida, insegura y endeble», de que los materiales «carecían de todo tipo de mantenimiento» y de que faltaban piezas. «La actuación de Sergio E., es absolutamente negligente de forma dolosa, y por tanto merecedor de reproche penal».

De Alberto Cubero y Enrique Asensio aseguran que firmaron la concesión de la licencia de apertura de la Oktoberfest «pese a la ausencia de control e inspección por parte de la administración municipal sobre la seguridad estructural de la carpa ». Los abogados inciden en que otorgaron una licencia de apertura y de funcionamiento «cuando no lo podían hacer» y que incumplieron le ley autonómica de espectáculos públicos, la cual cede las competencias a los municipios.

Por su parte, los abogados defensores, entre ellos Enrique Trebolle, Raimundo Moreno, Arturo García o Francisco Rivas, este en nombre del concejal, solicitan su absolución. También están acusadas varias aseguradoras que adelantaron cantidades para abonar la responsabilidad civil.