Los directivos de Ambuibérica achacan a un fallo informático el sobrecoste cobrado al Salud

La acusación popular les atribuye una falsedad y una estafa de 136.811 €, pero la Fiscalía no ve delito y pide su absolución.

Los acusados y la representante de Ambuibérica –en primer plano–, en la Audiencia.
Los directivos de Ambuibérica achacan a un fallo informático el sobrecoste cobrado al Salud
Laura Uranga

La Asociación de Ambulancias del País Vasco mantuvo ayer su acusación de estafa y falsedad contra el consejero delegado de Ambuibérica, Carlos Magdaleno Fernández, el director del grupo Jorge Pastor y los trabajadores Irene Lázaro y David Llanos. Como acusación popular, es la única que considera que la manipulación que se hizo del registro de los servicios de transporte sanitario prestados al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en tres meses de 2012 fue un acto doloso cuyo único objetivo era facturar y cobrar 136.811 euros de más. Por eso, pide para ellos penas de entre 3 y 6 años de cárcel.

Pero ni el Gobierno de Aragón (que ya se retiró del procedimiento y desistió ejercer la acusación particular al ser resarcido con 178.000 euros) ni la Fiscalía y, por supuesto, la defensa de los acusados comparten su argumento y aceptan la explicación de que todo fue consecuencia de un error informático. Por lo tanto, piden su absolución.

Ese fallo del algoritmo informático fue, según los acusados, el que les llevó a introducir a mano datos de transporte de pacientes fallecidos cuatro años antes, por ejemplo, o a facturar servicios no prestados. Casualmente, el error se produjo en meses en los que se estaba a punto de saltar el tramo de viajes pactados y cobrar más.

Fueron dos trabajadores –que en 2012 eran socios de Ambuibérica a través de otra empresa– quienes contaron lo que ocurría al servicio de inspección de Salud, al descubrir que las telefonistas estaban metiendo datos a mano. Después, la Fiscalía recibió una denuncia anónima que se tradujo en una denuncia ante el juzgado.

Los dos directivos negaron los hechos, y dijeron que fueron ellos quienes comunicaron el error al Gobierno de Aragón y que no iban a poner en riesgo su negocio de millones de euros por esa cantidad. Mientras, la secretaria Irene Pastor y el jefe de tráfico David Llanos admitieron que insertaron esos servicios a mano para paliar los que los fallos del sistema habían eliminado.

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