Hay un lugar en Zaragoza, a las afueras, a donde cada sábado peregrinan más de un centenar de vendedores ilegales, gente sin recursos, delincuentes, personas sin hogar, compradores ocasionales, clanes de ladrones… Es el mercadillo ilegal del parquin sur de la Expo, un gran bazar entre tinieblas que discurre al margen de la ley.

Y se está haciendo grande, muy grande. Comenzó como un punto de encuentro para el ‘top manta’ local, que se instalaba de madrugada (a eso de las 6.00) al abrigo del rastro oficial, y apenas duraban unas horas hasta que aparecía la Policía Local y desalojaba el lugar.

Ahora, la política de no intervención policial aplicada por el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común -que ha prohibido a la UAPO acercarse al parquin- ha dado alas a esta concentración de comerciantes callejeros. Los primeros ‘puestos’ ya se instalan los sábados por la tarde, en torno a las 19.00 a plena luz del día, se prolongan durante toda la noche hasta que ven amanecer, y perduran durante la mañana captando a los clientes del rastro vecino. En total, más de 16 horas ininterrumpidas.

El mercadillo se clausura cuando llegan los agentes de la UPAC, unidad de la Policía Local tan aquejada de falta de efectivos que ha visto cómo el Ayuntamiento suprimía su turno de noche, precisamente en el que más trabajo desempeñaban, teniendo en cuenta que eran los encargados de sancionar los excesos de ruido y el aforo de los bares de marcha, entre otras funciones. Ayudados por los trabajadores de la limpieza de FCC, llegan a llenar más de veinte contenedores -con una capacidad de 1.000 litros cada uno- con enseres ilegales para su destrucción.

Entre los productos a la venta, el cliente se puede encontrar de casi todo: comida caducada, ruedas de coche, platos de ducha, herramientas, juguetes, ropa y calzado, libros… Su origen es desconocido, pero fuentes policiales tienen claro que “la mayoría son cosas robadas o salen del contenedor de la basura”.

En el seno de la plantilla policial crece el malestar por la existencia de un lugar sin ley en la ciudad, donde más allá de los casos de necesidad personal -“no va la Policía, pero tampoco Servicios Sociales”, critican-, se comercia con alimentos insalubres, se da salida a objetos robados y se producen trifulcas y agresiones.

Tampoco acude a la zona la Policía Nacional, salvo en caso de delitos graves, a pesar de que la propia Ley de Seguridad Ciudadana persigue la venta ambulante sin licencia.

El parquin impune

A la sensación de impunidad que ha permitido crecer a este mercadillo ilegal no solo contribuye la escasa presencia policial ordenada por ZEC. El colapso del área de Servicios Públicos en la gestión de las multas allí impuestas -destapado por este periódico- hace que cualquier tipo de control quede archivado sine die en los armarios del Ayuntamiento.

Una situación denunciada por los sindicatos policiales y los grupos de la oposición. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, reconoció el problema y apostó, además de por reforzar la plantilla, por “mejorar el programa informático y la gestión de las multas, así como priorizar cuáles deben tramitarse primero”.

Incluso existen lagunas que aprovechan los vendedores legales del rastro. El 30% de las licencias de venta ambulante no se abonan a las arcas públicas municipales. El Ayuntamiento de la ciudad tiene un problema “endémico”, en palabras del consejero de Economía, Fernando Rivarés, a la hora de cobrar esta tasa regulada por la ordenanza fiscal nº 25.