El juicio del caso La Muela, el mayor proceso celebrado en Aragón contra la corrupción urbanística, ha quedado visto para sentencia con una declaración de la exalcaldesa María Victoria Pinilla, quien ha afirmado que ha podido cometer "errores, todos humanos", pero no "delitos".

En la última palabra ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Pinilla, que se enfrenta a una petición fiscal de 35 años de cárcel, ha dicho que aceptó subvenciones y donaciones y que nunca tuvo consciencia de que "eso fuera reprochable", aunque ahora algunos lo vean como delito o tráfico de influencias.

"Siempre he querido hacer las cosas bien", ha resaltado la exalcaldesa, quien en una intervención de poco más de diez minutos, ha remarcado que siempre actuó en favor del municipio de La Muela y de los vecinos, que, ha recordado, la eligieron con mayoría absoluta durante 24 años, veinte como candidata del Partido Aragonés (PAR).

En su opinión, en el juicio, que se ha prologado durante treinta sesiones, se ha confirmado su inocencia y ha señalado que "cuando el viento sopla muy fuerte -en referencia a este proceso- es cuando hay que remangarse para hacerle frente".

Sobre las aceptaciones de pena de muchos de los 36 acusados en esta macrocausa ha lamentado que algunos hayan "buscado refugio sin importar el daño" que puedan causar a otros, y ha agradecido el cariño de su familia, su exmarido y sus tres hijos, también encausados y que han alcanzado sendos acuerdos con la fiscalía para reducir penas.

El exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, aceptó 3 años de cárcel de una petición de 11 años y medio, y sus hijos, Víctor, Juan Antonio y Jorge, aceptaron entre 9 meses y un año de prisión tras reconocer delitos y aportar las cantidades económicas que les reclamaban.

María Victoria Pinilla ha criticado la actuación de su anterior abogado, José Antonio Visús, a quien ha culpado de estar indefensa durante las tres primeras semanas de sesiones del juicio y de llegar a un pacto con la fiscalía con el que no estaba de acuerdo.

Y no lo aceptó, ha enfatizado, porque suponía siete años de prisión, perder todos sus bienes y "mentir" ante el tribunal sobre "gente que no había hecho nada".

Entre "la muerte y la amputación" hay que escoger "siempre lo segundo", ha indicado Pinilla, en referencia a los acuerdos que otros acusados han pactado con el Ministerio Público.

Ha reconocido que la política y la administración de justicia son muy diferentes y, aunque la última palabra no puede ser igual que una declaración, ha destacado que ha trabajado toda su vida "con el convencimiento de actuar correcta y legalmente" en favor del pueblo y sus vecinos.

"Los votantes ahora son ustedes y no he podido hacer campaña electoral", ha dicho al tribunal Pinilla, quien ha señalado que La Muela, que pasó de 800 a más de 5.000 habitantes en veinte años, empezaba "a hacerse grande y molestaba a algunos que tenían otros intereses" y podrían "ensombrecer sus aspiraciones".

Al respecto, ha manifestado que estaba adscrita a un partido (el PAR, que no ha nombrado) pero que no "pertenecía" al mismo y que la envidia es la más "traicionera" y "peor enfermedad" a la que se puede enfrentar persona alguna.

Finalmente, ha pedido al tribunal que levante el embargo sobre el dinero de su madre, de 90 años, ya que le "parte el alma" que se haya visto envuelta en todo esto.

"Que Dios nos bendiga", han sido las últimas palabras de la exalcaldesa, para quien la fiscalía pide 35 años de cárcel, 25 millones en multas y responsabilidad civil y 141 años de inhabilitación por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo, negociaciones prohibidas y fraude.

Antes que ella han intervenido algunos de los otros 35 acusados en este macroproceso, que comenzó en marzo de 2009, cuando el titular del Juzgado de Instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, puso en marcha la 'Operación Molinos' tras la denuncias de la actual concejal del PP Marisol Aured y un familiar de la alcaldesa.

Los acuerdos acordados por los principales acusados, desde su propia familia, al arquitecto municipal o los empresarios, han rebajado a casi la mitad las penas de 150 años de cárcel que en total pedía el Ministerio Público.