La Audiencia de Zaragoza rechaza la recusación del juez y multa a Agapito Iglesias

El juicio por el mayor proceso judicial contra la corrupción instruido en Aragón comenzará el próximo 5 de noviembre con Picazo en la sala.

El empresario soriano Agapito Iglesias será juzgado entre el 8 y el 10 de enero en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El empresario soriano Agapito Iglesias en una imagen de archivo.
Oliver Duch

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha rechazado la recusación del magistrado Francisco Picazo como miembro del tribunal que el próximo 5 de noviembre comenzará a juzgar el caso Plaza, el mayor proceso judicial contra la corrupción instruido hasta la fecha en Aragón.

La Sección Segunda de la Audiencia ha rechazado en un auto los argumentos de la defensa de Agapito Iglesias, que entre otras cuestiones alegaba "enemistad manifiesta" de Picazo para juzgar el caso Plaza, y ha confirmado así la decisión del instructor del incidente de recusación, el magistrado Mauricio Murillo. Hace diez días, este juez elaboró un informe de 10 páginas que se publicó en el que hacía constar que no apreciaba "base objetiva suficiente” para dudar de la imparcialidad de Francisco Picazo en el caso Plaza.

Además, en el documento, Murillo ya dejaba entrever que la posibilidad de que el comportamiento de Iglesias a la hora de presentar la recusación podría ser merecedor de una sanción, como finalmente ha sucedido. Porque los magistrados de la Sección Segunda, han decidido imponer una multa de 200 euros al empresario soriano "por mala fe procesal".

Los magistrados que han confirmado a Picazo como miembro del tribunal afirman que "la imparcialidad judicial es una garantía esencial" y el derecho a recusar "un instrumento esencial para preservarla". No obstante, el tribunal señala que "no basta" con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad de un magistrado "surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia".

En este sentido, la Sección Segunda respalda al juez Picazo y afirma que todas las decisiones que tomó como instructor del caso Naves, en el que Iglesias también fue acusado aunque ha sido recientemente absuelto por el Tribunal Supremo, se hicieron conforme a la ley procesal penal y de ellas "no se desprende ningún vestigio de falta de imparcialidad".

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