El fiscal mantiene la petición de 8 años de inhabilitación por el caso de La Herradura

Una década después de que comenzara su instrucción, el caso de La Herradura de Caspe quedó ayer visto para sentencia. Las partes involucradas en el proceso leyeron sus conclusiones definitivas desde primera hora de la mañana ante la titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza, María del Pilar Alguacil. La magistrada tendrá que decidir ahora si en 2002, cuando el Ayuntamiento de Caspe liderado por María Teresa Francín otorgó una licencia para construir una central hortofrutícola en el paraje conocido La Herradura, definido como "suelo no urbanizable protegido" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, se cometió un delito contra la ordenación del territorio, y por tanto, prevaricación urbanística.

Ayer, durante la lectura de las conclusiones del juicio, que se ha extendido a lo largo de cuatro jornadas, tanto las acusaciones como las defensas mantuvieron las peticiones iniciales de condena para María Teresa Francín, alcaldesa socialista de Caspe entre 1999 y 2011; María Isabel García y Félix Cortés, exconcejales caspolinos que ejercieron como tenientes de alcalde durante varias legislaturas; Carlos Manuel Miret, que fue arquitecto municipal de 1985 a 1995 y de 2001 a 2004; e Isabel Arnal, quien ejerció como secretaria del Ayuntamiento de Caspe durante los mandatos de Francín.

La Fiscalía considera que los cinco acusados prevaricaron y solicita cada uno de ellos una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 4.320 euros. Durante la exposición de sus conclusiones, el fiscal señaló que el visto bueno al almacén hortofrutícola supuso "una quiebra flagrante de la norma que hizo que un paraje protegido fuera invadido por una construcción prohibida". Para el ministerio público, el PGOU de 1987 "no ofrece lugar a dudas" de que La Herradura contaba con protección. "Hay una trama sobre el paraje en el mapa (...) el plan general no es impreciso", abundó. A juicio de la Fiscalía, la licencia urbanística se concedió "para favorecer de forma directa o indirecta" a Mariano Gómez Callao, fallecido en 2016 y que fue alcalde de Caspe (1985-1995) y administrador de la empresa La Herradura de Caspe, solicitante del permiso de construcción de la central hortofrutícola.

En la misma línea se mostró el abogado Antoni Valls, que ejerce la acusación particular en nombre de la asociación cultural Compromiso por Caspe contra la exalcaldesa Francín, el exarquitecto municipal y la antigua secretaria judicial del Ayuntamiento caspolino. "La licencia se concedió a sabiendas de su ilegalidad (...) el PGOU es una herramienta fundamental para un arquitecto municipal (...) y plan hace una perfecta distinción del suelo (protegido)", valoró el letrado.

Las defensas piden absolución

La totalidad de las defensas, ejercidas por los abogados Carlos de Francia, Valentín Romero, Carlos de Francia, José Ángel Sanz, Francisco Miguel Tobeñas y María Asunción Perea; solicitaron la libre absolución. En todos los casos, los letrados valoraron que en la conducta de sus representados no se dan los elementos típicos que exige el Código Penal para interponer una condena por un delito contra la ordenación del territorio. Igualmente consideraron que no ha quedado demostrado el delito y que ni hubo dolo ni se confabuló para dar el visto bueno al proyecto.

"No se incumplió la ley por parte de la comisión de Gobierno (que concedió la licencia)", aseveró Carlos de Francia, que censuró el testimonio del testigo Javier Sagarra, predecesor de Francín en la alcaldía de Caspe y que fue la persona que puso los hechos que ayer terminaron de enjuiciarse en conocimiento de la Fiscalía.