El exsocio de Lacasta aprovechó su ingreso en prisión para quitarle 16.900 euros

El dueño de Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta Lanaspa, se sentará pronto en el banquillo de los acusados como presunto cerebro de una trama delictiva a la que se atribuye un fraude de más de 45 millones de euros y que ha dejado en el camino decenas de damnificados. Sin embargo, Lacasta –para el que la Fiscalía pide 16 años de cárcel– no está dispuesto a que nadie le arrebate a él ni un euro. Por ello, cuando salió de prisión provisional y se dio cuenta de que un exsocio se podía haber aliado con uno de sus testaferros para quitarle 16.900 euros, no dudó en denunciar a ambos. Ahora, una juez le ha dado la razón y ha condenado a ambos a un año y diez meses de cárcel.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional detuvo a Eduardo Lacasta en su domicilio de Zaragoza el 8 de mayo de 2013, dos días más tarde el juez de guardia decretó su ingreso en la prisión de Zuera y allí permaneció durante tres meses y tres días. El titular del Juzgado de Instrucción número 11, encargado del caso, se negó a excarcelarlo. Sin embargo, la Audiencia Provincial autorizó finalmente su puesta en libertad previo depósito de una fianza hipotecaria de 60.000 euros. En cuanto salió a la calle, Eduardo Lacasta –al que asiste el letrado Gerardo Benítez– empezó a revisar la contabilidad de sus múltiples sociedades. Y fue entonces cuando se percató de que su exsocio Javier Arcal Arque había aprovechado su estancia entre rejas para cargarle recibos por importe de 16.900 euros.

El máximo responsable de Fincas Atlanta comprobó que uno de sus testaferros, Alfredo Salinas, podría haber colaborado con Arcal para levantarle la mencionada suma. Por ello, presentó una denuncia por apropiación indebida contra ambos y solicitó que fueran condenados a sendas penas de dos años de cárcel. La misma condena solicitó la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 14 de diciembre en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

Arrendamiento del Hotel Mur

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4, como administrador único de la sociedad Servicios Hosteleros Jaca S. L., Javier Arcal cargó a Lacasta cuatro recibos por el arrendamiento del Hotel Mur de Jaca. Los cobros se giraron a la sociedad Servicios Hosteleros Zaragoza 2011 S. L., de la que era responsable el dueño de Fincas Atlanta pero de la que había sido administrador el segundo acusado, Alfredo Salinas. De hecho, fue este quien autorizó el pago de los mencionados recibos, que se cursaron entre el 26 de junio y el 15 de julio de 2013 (fechas en las que Lacasta se hallaba privado de libertad por las pesquisas del caso Fincas Atlanta).

Cuando hizo los reintegros de la cartilla del banco para pagar a Arcal, Salinas ya había sido cesado como administrador de Servicios Hosteleros Zaragoza 2011 S. L. Sin embargo, como recuerda la magistrada en su fallo, "al no constar inscrito el acuerdo en el registro mercantil, y por interesarle que así fuera a Eduardo Lacasta Lanaspa –quien tenía interés total en ambas sociedades–, Alfredo Salinas continuaba ejerciendo de hecho funciones de administración de cara a terceros, figurando como persona con capacidad de disponer de las cuentas bancarias de la mercantil".

Salinas confesó en el juicio que era testaferro de Lacasta y que él firmaba "todo lo que le ponía por delante". Su abogado alegó en su defensa que ningún beneficio había obtenido de la operación bajo sospecha, puesto que los ingresos se habían efectuado en la cuenta de Arcal.Sin embargo, considera la juez que existió un concierto de voluntades entre ambos acusados y que el primero actuó como cooperador necesario.