Velilla lleva a los tribunales a la DGA por la devolución de una ayuda para el PGOU

Velilla de Ebro, con poco menos de 250 habitantes, ha interpuesto un recurso en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el Gobierno de Aragón, que le reclama la devolución de una ayuda concedida en 2010 para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (13.802,81 euros más 3.548,28 euros de intereses de demora). El Ayuntamiento alegó que no pudo justificar a tiempo esa subvención por la "descoordinación" entre las Direcciones Generales de Urbanismo y Patrimonio y criticó que, por esa razón, dejaron de percibir también el segundo pago.

Tal y como recordó Rosario Gómez Puyoles, alcaldesa de Velilla (PAR), la localidad inició la redacción del plan urbanístico para "tener una herramienta de gestión, ya que el pueblo tiene el 90% de su territorio hipotecado con figuras de protección medioambiental y cultural, incluyendo el yacimiento romano Lepida Celsa, declarado BIC y que abarca 51 hectáreas pegadas al casco urbano".

El PGOU exigía la elaboración de un catálogo de bienes de interés cultural. "Al cabo de dos años nos presentaron una memoria que declaraba BIC todo el casco urbano. Es decir, si un vecino tenía que cambiar una teja necesitaba la autorización de la comisión provincial de Patrimonio". El Consistorio, entonces, solicitó una excepción para que este permiso fuese obligatorio solo para las obras que precisaban un movimiento de tierras. "Y ahí se atascó el expediente", subrayó.

El retraso en la documentación provocó, según Clemente Sánchez-Garnica, abogado que representa los intereses del Ayuntamiento, "que no se pudieran justificar los trabajos a 1 de noviembre de 2011, pese a que se informó del retraso". "El desembolso que debe hacer Velilla supera los 30.000 euros, una cantidad muy importante para esta localidad y que nos parece injusta y desproporcionada". El letrado consideró que el Gobierno de Aragón "no ha tenido en cuenta que el retraso se debe al propio retraso de otro departamento".

La alcaldesa insistió en que "antes de que finalizase el plazo informamos a Urbanismo de que no íbamos a poder justificar a tiempo, porque faltaba la documentación de Patrimonio. Nos piden no solo que devolvamos lo que nos dieron más intereses, sino que dejamos de percibir el segundo plazo".

Gómez Puyoles informó al pleno de la situación y se aprobó, por unanimidad, llevar a los tribunales a la DGA. "Para un Ayuntamiento pequeño, con pocos recursos, esto supone un gran desembolso económico y de tiempo. Pero es más un tema de dignidad que de dinero". "Hasta que no se resuelva el contencioso –adelantó– hay que pagar lo que nos exigen. Hemos solicitado un fraccionamiento del pago, pero no reconocemos esa deuda, que consideramos no contraída. Este trámite fue necesario para poder recibir en 2016 una nueva ayuda del Gobierno de Aragón (8.157,49 euros) para continuar con el PGOU y alcanzar, al menos, su aprobación inicial.

Fuentes del Departamento de Vertebración del Territorio informaron ayer de que un informe, elaborado en relación a este expediente, recoge que antes del plazo del 1 de noviembre de 2011 el Ayuntamiento no presentó ningún documento que justificase la realización de la actuación subvencionada. Una orden de mayo de 2015 acordó iniciar el procedimiento de pérdida del derecho al cobro de la ayuda y del reintegro de la cuantía abonada, que se resolvió un año después.