Los abogados del caso La Muela defienden los acuerdos con la Fiscalía
Defienden su transparencia y aseguran que no impiden la defensa de los demás acusados.
Los abogados de los familiares de la exalcaldesa María Vitoria Pinilla acusados en el juicio del caso La Muela han defendido la transparencia de los acuerdos que han alcanzado con el fiscal para reducir las penas y han señalado que no impiden la defensa de los demás acusados.
Así lo ha destacado la abogada Cristina Ruiz-Galbe, que defiende al exmarido de la alcaldesa, Juan Antonio Embarba, quien ha logrado de la fiscalía una reducción de pena hasta 3 años de cárcel, de los más de 11 que le pedía, y a dos de sus hijos, Juan Antonio y Jorge Embarba Pinilla, para los que solicita entre nueve meses y un año.
La letrada ha destacado su conformidad con las penas definitivas, el esfuerzo personal y económico que han hecho sus defendidos y la transparencia del acuerdo logrado con la Fiscalía que, ha remarcado, "en nada impide el derecho de la defensa" de los demás acusados en este macrojuicio, con 36 acusados.
También ha ratificado su conformidad con el ministerio público el abogado del tercer hijo de la exalcaldesa, Víctor Embarba Pinilla que, como sus otros dos hermanos, es acusado de blanqueo de dinero, al igual que su padre, a quien también se imputan delitos contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas.
El reconocimiento de los delitos y su decisión de reparar los daños económicos por parte del exmarido y sus hijos contrasta con la posición que ha mantenido su madre, quien ha defendido su inocencia y se ha negado a declarar ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que juzga el caso.
Para la exalcaldesa, la fiscalía pide 35 años de cárcel, 25 millones de euros en multas y 140 años de inhabilitación por, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, blanqueo, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraude en subvenciones, malversación y prevaricación.
El trafico de influencias ha sido uno de los asuntos que ha tenido mayor protagonismo en la sesión, un delito del que se acusa al ex subdirector provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, y que su abogado, Jesús García Huici, ha asegurado que no ha sido acreditado.
Este letrado ha hecho hincapié en la confusión que rodea al delito de tráfico de influencias y ha lamentado que a su defendido se le identificara como un alto cargo del gobierno aragonés para que el caso La Muela no quedara como una simple "corrupción de pueblo", lejos de los de Baleares, Valencia o Madrid.
Carlos Martín, que está jubilado, desempeñó el cargo por concurso y por encima de él tenía como responsables a cargos políticos del gobierno a los que no se ha investigado ni acusado, ha señalado el abogado, quien ha pedido una sentencia absolutoria para su defendido, para el que se piden 6 meses de prisión.
En su opinión, la imputación solo ha tenido como interés vincular el caso con el Gobierno de Aragón y lo han convertido en "sargento Vázquez" (pagar culpas ajenas, según ha traducido el letrado), ya que no hay pruebas de cargo contra su defendido que, según ha dicho, ha afrontado un "fusilamiento moral" durante siete años.
En la sala, ha pedido hacer un ejercicio mental sobre dónde hay tráfico de influencias, y "a algunos nombres nos llevarían a todos", ha ironizado, antes de insistir en que Martín no actuó en favor de los intereses de Pinilla en la Comisión Provincial de Urbanismo, que aprobaba los planes urbanísticos del municipio.
También ha rechazado las acusaciones, por "orfandad probatoria", el abogado José Luis Melguizo, que representa a los empresarios inmobiliarios Luis y Emilio París Cester, dos hermanos propietarios de la sociedad Contrasa, para los que el ministerio público pide dos años de cárcel por cohecho.
Este letrado ha reprochado el papel que en las imputaciones ha tenido el "arrepentido" Juan Carlos Rodrigo, un exconcejal de La Muela que ha llegado a un acuerdo con el ministerio público, que ha dejado en 5 los 17 años de cárcel que le pedía por prevaricación, cohecho, malversación y fraude, entre otros delitos.
Una de las mayores cantidades (3,3 millones de euros) que por multas y responsabilidad civil pide la fiscalía es para el informático José Miguel Mosteo, cuyo letrado ha considerado fuera de lugar para un "pequeño peón" al que sólo se le acusa de hacer dos facturas falsas que no llegan a la cuantía para ser delito fiscal.
El juicio del caso La Muela, que comenzó el 15 de diciembre, sigue con las exposiciones finales de los abogados de los acusados, que concluirán con la de Santiago Palazón, letrado de María Vitoria Pinilla, quien pasó cuatro meses en la cárcel tras ser detenida en marzo de 2009 en la denominada 'Operación Molinos'.
