El Ministerio Público ha dicho este lunes que el juicio y la investigación de la presunta corrupción urbanística en La Muela ha respetado todas las garantías procesales y ha rechazado que la principal acusada, la exalcaldesa María Victoria Pinilla, haya sido víctima de indefensión.

La fiscal María Victoria Esponera ha comenzado con estas dos cuestiones la lectura de su informe final de acusación contra Pinilla -para la que pide 35 años de cárcel y 25 millones de euros en multas- y las otras 35 personas acusadas en este macroproceso, que se celebra ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Ha hecho hincapié en que el juicio se ha desarrollado con todas las garantías y que no se ha producido ningún tipo de indefensión en el caso de la exacaldesa, que se ha negado a declarar en la vista y que ha denunciado en reiteradas ocasiones, fuera de la sala, que no se han respetado sus derechos constitucionales y que quería dar testimonio en el juicio pero no le han dejado.

La exalcaldesa denunció la presunta indefensión al renunciar su entonces abogado, José Antonio Visús, el segundo día del juicio (el pasado 12 de enero), al no compartir la estrategia de defensa, y negarse el presidente del tribunal a suspender el juicio para nombrar un nuevo letrado.

"No declaró porque no quiso declarar", a nadie se le puede "torturar" ni "obligar" a hacerlo, ha resumido la fiscal esta situación en el juicio, que se prosiguió con el mantenimiento de Visús como su letrado hasta el nombramiento de otro de oficio por el Colegio de Abogados, Santiago Palazón, quien le ha representado desde entonces.

Tras remarcar que "no entiende la posibilidad de una nulidad" del juicio, la fiscalía ha negado que haya habido dilación en ese proceso, cuya instrucción se sustanció en más de 80.000 folios tras casi siete años de investigaciones, desde que en marzo de 2009 la exalcaldesa fuera detenida, junto a otras 16 personas, e ingresara en la prisión de Zuera, donde permaneció cuatro meses.

Posteriormente, ha pasado a relatar los hechos en los que se sustentan los delitos que imputa a los acusados, desde cohecho y revelación de secretos a prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y blanqueo de capitales.

La exalcaldesa, según la acusación del ministerio público, adoptó resoluciones arbitrarias: "porque yo lo digo; porque a mi me da la gana"; efectuó contratos sin atender al procedimiento legal y realizó gastos e ingresó en sus cuentas 3,4 millones de euros cuyo origen no tenía "ninguna justificación".

Un comportamiento de la exalcaldesa que la fiscalía, que también acusa a su exmarido y a sus tres hijos de blanqueo, ha relacionado con el poder, la ambición, el amiguismo y la situación de privilegio que poseía Pinilla en la corporación de La Muela, al frente de la cual estuvo más de 20 años.

En este contexto, hubo trafico de influencias, facturas falsas, fraude millonario a Hacienda, así como el pago de comisiones en operaciones urbanísticas cuyos precios se alteraban para eludir el IVA.

La familia Pinilla también realizó ingresos sucesivos de 3.000 euros sin documentación alguna y sin firmar en la sucursal de Cajalón.

Según la fiscalía, la Sociedad Urbanística de La Muela, una instrumental municipal que presidía Pinilla, fue epicentro de la presunta trama de corrupción junto a Aranade, del empresario Julián de Miguel, quien ha reconocido los hechos, ha resarcido económicamente el daño causado y ha pactado una reducción de pena de 26 años a poco más de 7.

Este empresario ha reconocido que entregó 2,8 millones de euros a Pinilla y su familia, que destinaron a compras de bienes inmuebles, coches o viajes. "Se ha pagado mucho dinero en negro y eso solo puede venir de actuaciones ilícitas", ha destacado la fiscal, quien ha tardado cuatro horas en leer su escrito de acusación.

Otros de los principales acusados que también ha alcanzado acuerdos con la fiscalía son el exalcalde de La Muela y primo de Pinilla Carmelo Aured, cuya petición de pena ha bajado la fiscalía de 22 a 13 años, y el arquitecto del municipio, Antonio Francisco Núñez, de 20 a 4.

También han logrado una rebaja sustancial el exmarido de la exalcaldesa, Juan Antonio Embarba, para quien el fiscal pide ahora 3 años de cárcel frente a los más de 11 iniciales, y a sus tres hijos, Víctor, Juan Antonio y Jorge, para los que solicita entre 9 meses y un año de prisión.

En total, son 36 las personas para las que el ministerio publico pide distintas penas de cárcel, la mayoría por blanqueo y fraude a Hacienda, que van desde los nueve meses a los diez años de prisión en el caso del empresario Antonio Fando.

Este juicio, el más importante que se ha celebrado en la comunidad aragonesa por un presunto caso de corrupción urbanística, comenzó el 15 de diciembre de 2015 con las cuestiones previas y está previsto que quede visto para sentencia esta semana.