Polémica en Valderrobres por una urbanización proyectada junto al castillo

La tramitación del proyecto de construcción de una urbanización en unas fincas próximas al castillo de Valderrobres ha desatado una intensa controversia vecinal en la localidad. La asociación para la Recuperación del Patrimonio de Valderrobres (Repavalde) ha puesto de manifiesto su preocupación por que el entorno de la villa medieval y especialmente el conjunto conformado por la iglesia y el castillo, pueda verse afectado negativamente por esta actuación. Desde Repavalde se muestran "sorprendidos" tras conocer que el Instituto Aragonés de gestión Ambiental (Inaga) y la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural rechazaron las alegaciones que la asociación y la Fundación Valderrobres Patrimonial presentaron para conseguir que la finca en cuestión no se pudiese urbanizar.

Los solares que, al parecer, serán objeto de actuación, están ubicados de forma contigua al actual conjunto urbano, en la zona más noroccidental del mismo y situados a unos 150 metros de distancia del castillo. Pese a que la práctica totalidad de la villa situada en la margen derecha del río Matarraña, que viene a coincidir con el casco antiguo, es Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, los terrenos destinados a la urbanización no fueron incluidos ni por el Inaga ni por Patrimonio dentro del perímetro de protección de estas figuras de conservación del patrimonio. Todo ello después de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se habría iniciado a redactar hace dos décadas.

Por todo ello, desde Repavalde, recordaron que ya en su día presentaron varias alegaciones para "garantizar" que no se llevase a cabo ninguna actuación que pudiese ensombrecer el 'skyline' de Valderrobres. Por ello, pese a reconocer que la hipotética actuación está "amparada por trámites legales", manifestaron su "sorpresa" por el rechazo de Inaga y Patrimonio a sus alegaciones. "Estamos muy sorprendidos porque Patrimonio e Inaga no aceptasen estas alegaciones", explicó Antonio Segura, presidente de Repavalde.

Otro de los motivos por los que asociación ve inadecuado edificar es por la proximidad del conjunto iglesia-castillo. A su juicio, la urbanización alteraría el panorama urbano de la capital del Matarraña. Desde la asociación quisieron dejar claro que "en ningún momento" dudan de la legalidad de la operación. Sin embargo apuntaron a que el PGOU contiene, desde su aprobación, un defecto subyacente al no haber tenido en cuenta esta problemática.

Añadien además, que pese a que los solares en cuestión, no son BIC, en el anexo 2 de las medidas de tutela que establece la figura de Conjunto Histórico se apunta a tres motivos que, a su juicio, imposibilitarían edificar allí: el primero de ellos es que se establece que "dada la singularidad" de la trama urbana de Valderrobres, se deberá mantener su estructura así como «la silueta paisajística"; el segundo aspecto que recoge este anexo es las intervenciones llevadas a cabo en los entornos de protección de los BIC aragoneses no podrán alterar el carácter del área ni perturbar la visualización de su bien; en último lugar subrayaron que el citado anexo alude a que "la perfecta integración" del Conjunto Histórico de Valderrobres, con el marco natural en el que se ubica "debe mantenerse" fundamentalmente con el río Matarraña a los pies y el monte como fondo.

"Hemos comprobado además que en la zona Noroeste, donde están ubicados estos terrenos, no se respeta la línea de delimitación del entorno", añade Segura. El presidente de Repavalde explica que llegaron a proponer la compra de los terrenos. Algo para lo que, sin embargo, no hubo acuerdo. "No dudamos de la intencionalidad de las personas y de la operación, pero debemos de encontrar una solución porque nos jugamos destruir la belleza de uno de los conjuntos mejor conservados de España", apunta el presidente de la asociación que está conformada por en torno a 200 socios.

Por su parte, desde el Consistorio, apuntaron a que tras recibir la solicitud y tras comprobar que cumplía con todos los requisitos legales, se remitió a urbanismo, a Patrimonio y a Inaga para que diesen su visto bueno. Confirmaron que la zona aparece dentro del PGOU que comenzó a redactarse en torno a hace dos décadas y que pasó todos los filtros institucionales. Recordaron que ya en aquel momento hubo un periodo de alegaciones.

El alcalde, Carlos Boné, apunta a que en cualquier caso la urbanización de la finca en cuestión "es legal", ya que, añade, fue autorizada, en su día, por la comisión de Patrimonio y el Inaga, sin embargo reconoce que la actuación podría tener impacto visual sobre el conjunto arquitectónico. "Indudablemente, pensamos que podría tener un impacto visual y por ello, de continuar adelante, estaremos muy vigilantes de que esta actuación cumpla todos los requisitos establecidos en el plan de urbanismo", explicó Boné.