La Audiencia de Teruel ha condenado a 3 meses de prisión y a una multa de 360 euros a cuatro cazadores que organizaban expediciones con clientes en cotos de Teruel y Guadalajara para poder capturar especies cinegéticas de caza mayor y obtener trofeos, es decir cabezas disecadas de esos animales. Lo hacían sin contar con la autorización de los propietarios de los cotos y de manera clandestina.

Los cuatro acusados, J. A. S. R., A. G. L., E. M. T. y P. A. H. M., vecinos de Guadalajara, han reconocido los hechos y se han conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que, al haber acuerdo, ha rebajado notablemente su petición de condena. La Fiscalía solicitaba inicialmente cuatro años de prisión para uno de los procesados, el considerado "cabecilla", de la trama,  y dos para los tres restantes. A todos ellos se les ha atribuido un delito contra la fauna y otro de pertenencia a grupo criminal.

Los procesados llevaron a cabo su actividad ilícita durante todo el año 2016 y el primer tercio de 2017, dando así salida a al menos 162 piezas de caza mayor. El Ministerio Público estima que todos ellos componían "una verdadera empresa de explotación de la caza furtiva" que permitía proporcionar a los clientes, a cambio de dinero, los ansiados trofeos. La carne era vendida a empresas del sector de la provincia de Guadalajara.

Se considera probado que el 20 de enero de 2016, los acusados contactaron y se trasladaron con un cliente al coto de la Sociedad de Cazadores San Blas, en el término de la localidad turolense de Gargallo, abatiendo a tres ejemplares de machos de cabra montés sin contar para ello con ninguna autorización y haciendo un uso fraudulento de precintos de caza. Ahora, de forma solidaria, los cuatro tendrán que indemnizar a esta sociedad con 6.000 euros.

El abogado de uno de los procesados, Eduardo Ariño, ha señalado que los acusados se ha visto "abocados" a reconocer los delitos ante la drástica disminución de la pena propuesta por la Fiscalía.