Trabajadores de Endesa y de las subcontratas endurecieron el jueves el tono contra la eléctrica, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el Gobierno de Aragón ante la "falta de proyectos concretos" para Andorra. Más de 60 vecinos de la comarca, la mayoría empleados de la central, se concentraron en las Cortes con pancartas y carteles de ‘se vende’ para exigir una salida digna.

Lo hicieron mientras el presidente del comité de empresa y la propia plataforma de las subcontratas comparecían en la comisión de estudio del Parlamento autonómico, por la que también pasaron CC. OO., UGT, CEOE, Cepyme, el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, la Asociación de Empresarios Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín y la Comunidad Regantes del Guadalope. "Queremos que de una vez se ponga toda la carne en el asador para salvarla comarca", explicó Ismael García, uno de los manifestantes.

En el acceso al Parlamento autonómico se vivieron momentos de tensión, ya que los manifestantes, ‘uniformados’ con camisetas en las que podía leerse ‘No al cierre de la central’, intentaron entrar a la Aljafería para apoyar a los comparecientes. Aunque una veintena pudieron acceder al entorno del foso, el grueso no pudo pasar del puesto de seguridad. Aquellos que sí lo hicieron estuvieron custodiados en todo momento por hasta una docena de agentes de la Policía Nacional.

En la comisión, el presidente del comité de empresa, Hilario Mombiela, recalcó que "sin proyecto ni futuro, la comarca está muerta". "Podemos tener algo más de aguante, pero se nos acaba la paciencia", dijo. Advirtió, a este respecto, que se ha llegado a un punto "de no retorno" y que a este ritmo, Endesa "solo tiene carbón para 80 días". "Nos consta, además, que a final de mes ya se van a ir los primeros empleados de las subcontratas a la calle", aseveró.

Estos últimos pidieron en su comparecencia una única cosa: trabajar. "No queremos palabras, estamos hartos ya. Queremos hechos y realidades, estamos muy cabreados. Nosotros somos los que hacemos pueblo", recalcó Nicolás Bespín, portavoz del colectivo. El problema, de acuerdo con Roberto Miguel, presidente de los empresarios andorranos, es que muchos esperaban que la ministra hiciera "un anuncio importante". "Pero nada más lejos de la realidad. A Andorra le queda año y medio de vida. Todo son planes de futuro, ¿pero cuándo vamos a empezar a hablar de presente?", expuso.

Nuevas críticas a la ministra

Antonio Jiménez, de CC. OO., aseguró que la ministra "tiene la cara muy dura y las cosas muy poco claras". "Hablamos de un territorio que se juega su futuro y de una empresa que ganó 1.463 millones de euros en 2017. Hasta ahora, todo se ha dicho con un tono respetuoso y pacífico, pero llegados a este punto hay que hablar sin tapujos y con sinceridad", aseguró.

Para Alejo Galve, de UGT, la visita fue "una tomadura de pelo". "No puede venir a reírse de una población sabiendo lo que está pasando. Por mucho que luchemos, vemos que la central no va a tener vida", dijo. A su juicio, Ribera debería tomar ejemplo de países como Grecia o Alemania, que sí van a mantener sus centrales en funcionamiento. "Quemar nuestro carbón es más barato que importarlo", recordó. Juan Ciércoles, de Cepyme, dijo tener la sensación de que Ribera acudió al territorio "a darle la extremaunción". "Pero nosotros no la queremos. Estamos en la uci y queremos salir a planta, no que nos envíen al tanatorio", aseveró. La preocupación en Andorra, aseguró, es "inimaginable". "Todas las semanas cierra un negocio u otro. Va a pasar como en Aliaga o Escucha", dijo.

Antonio Santa Isabel, del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, expresó su preocupación por el "grave declive" de la provincia. "Debemos pensar políticas distintas para situaciones distintas y hacer propuestas concretas", indicó. Santa Isabel planteó mantener una reserva estratégica de energía que permita revertir el cierre total de la central, crear un puerto seco, extender la banda ancha y aplicar bonificaciones en las cuotas de autónomos y de la Seguridad Social en los municipios afectados, entre otras medidas.

Por su parte, Carlos Torre, de CEOE, aseguró que en las cuencas mineras han sufrido estos últimos años "un cambio estructural". "Pero la transición económica no se ha completado y tenemos que ver de qué manera la podemos abordar", recalcó. El colectivo planteó la creación de una oficina de promoción empresarial, iniciativa que ya ha sido probada con éxito en otros países afectados por la despoblación.

El cierre de la central también tendrá daños colaterales. El ejemplo más claro es el de los regantes del Guadalope, donde el coste del agua podría triplicarse, ya que Endesa dejará de abonar el millón y medio que paga anualmente. El colectivo ya ha lanzado varias propuestas y se ha dirigido al consejero Olona, a la CHE y a la ministra. Ahora espera una solución.