La Fiscalía pide ocho años de prisión por fraude en la captación de subvenciones y falsedad en documento mercantil para un empresario, David Monforte, que en 2010 propuso a la Administración un proyecto para desarrollar y fabricar un vehículo eléctrico en Technopark, el parque tecnológico de Motorland de Alcañiz. La empresa propuesta, Corporación Industrial Z Movile, no llegó a entrar en producción, a pesar de haber recibido 1,8 millones de euros de subvenciones de cuatro organismos del Gobierno central y de la DGA. La fiscal encargada del caso también propone para el acusado en el escrito de calificación remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz una multa de 3,6 millones –el doble de las ayudas públicas recibidas fraudulentamente– y la obligación de devolver el importe percibido.

El ministerio público explica en su calificación el procedimiento seguido por el acusado para conseguir ayudas públicas a través de facturas amañadas o que correspondían a pagos que no se llegaron a efectuar realmente. La fiscal señala que, Monforte, un empresario dedicado al sector inmobiliario, para "mostrar expectativas de negocio" hacía pedidos voluminosos a proveedores y obtenía la factura correspondiente. A continuación, cancelaba la operación pero no informaba de este segundo paso a la Administración. De este modo, obtenía justificantes para recibir las ayudas públicas. Algunos suministradores advirtieron a la Administración de estas prácticas.

También según el fiscal, cargó a Z Movile gastos por un total de 408.200 euros por un servicio que no ha podido ser constatado documentalmente prestado por una sociedad, Consultoría de Sociedades y Patrimonios S. L., cuyo único propietario y empleado sería el propio acusado. El escrito acusador considera que el promotor "se emitió a si mismo" facturas con el único propósito de "justificar unos gastos que no se han producido". Define esta práctica como "autopagos". La fiscal señala que David Monforte cargó, además, gastos en efectivo y con tarjeta a Z Movile por importe de 200.836 euros.

Los organismos que aportaron las ayudas cursaron inspecciones a las instalaciones de Z Movile en Motorland en 2013 y en ellas constataron que la empresa no tenía ninguna actividad. Señalaron que los equipos supuestamente adquiridos con cargo a las ayudas no estaban presentes. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) señaló que el 75% de la inversión subvencionada no estaba localizada.

Tras comprobar que las condiciones de certificación de la inversión y de creación de empleo se habían incumplido, los organismos que aportaron ayudas –el IAF, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (Plan Miner), la Dirección General de Industria y el Departamento de Industria de la DGA– iniciaron procedimientos para la recuperación de las subvenciones que habían desembolsado, pero sin éxito. La Fiscalía señala que, en algunos casos, las ayudas no hubieran sido posibles al ser incompatibles entre sí, pero el acusado no informó de esta circunstancia.

El proyecto, que también fue propuesto por Monforte y uno de sus socios de entonces a Ejea de los Caballeros (donde se le pidió un aval y desistió), Tarazona y Monzón (Huesca), solo se materializó de forma efímera en Alcañiz, aunque sin iniciar la producción y solo mantuvo una plantilla de 11 empleados entre 2011 y 2013. El ministerio público considera que el acusado "carecía de toda experiencia, conocimientos, infraestructura y solvencia económica" para llevar adelante su "supuesto proyecto", que fue impulsado "con ánimo fraudulento".

La defensa, ejercida por la abogada Carmen Sánchez, niega los cargos y pide la absolución de su cliente.